CELAYA, Gto.- 20 años de inhabilitación en cargos públicos, para Luz María Gómez Grajales, ex directora general del sistema DIF municipal, es la propuesta a la que se llegó en la comisión de contraloría celebrada este miércoles.
Lo anterior lo dio a conocer el presidente de dicha comisión en el ayuntamiento, Trinidad Martínez Soto, quien especificó que deberá ser el propio ayuntamiento en pleno, el próximo lunes, quien vote a favor o en contra de esta inhabilitación.
Es de recordarse que esta acción sería una de las consecuencias por un desfalco a la descentralizada que lideraba por poco menos de 5 millones de pesos y luego de que la investigación de la contraloría municipal, la señalara a ella como una de las involucradas en el desvío.
Martínez Soto señaló que se llegó a dicha propuesta con base en los parámetros que señala el artículo 23 de la ley de responsabilidades administrativas, que establece un posible rango de inhabilitación desde 1 hasta los 20 años, por lo que determinaron que la ex funcionaria amerita la sanción máxima.
“Hubo una discusión bastante interesante rica de opiniones y sobre todo insistirles en que con toda responsabilidad los compañeros de la comisión hicieron un posicionamiento considerando que tiene que ser ejemplar la resolución que se dicte para efectos de proteger los recursos públicos y sobre todo de proteger los beneficios que derivado de ellos tienen las familias vulnerables”, explicó.
Es de recordarse que además de esta sanción administrativa que se definirá el próximo lunes, la actual directora del DIF, Saraí Núñez Cerón interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra quien resulte responsable por el desfalco millonario y una vez resuelta la sanción administrativa, el representante legal del ayuntamiento, que en este caso pudiera ser el síndico José Fernando Sánchez, interpondrá otra denuncia que puede ir en materia civil o penal con la finalidad de que los inculpados devuelvan el dinero público hurtado.
Sobre los otros implicados como José David Baeza López ex director administrativo y Guadalupe Montoya ex titular del área financiera, dijo el regidor panista que deberá ser la máxima autoridad al interior del DIF quien defina la sanción que a éstos amerita.
En la misma sesión de la comisión de contraloría, se deslindó al síndico José Fernando Sánchez Méndez de cualquier sanción administrativa, luego de que la regidora priista, Montserrat Vázquez Acevedo, lo acusara por omitir dar aviso a las autoridades en materia penal, a pesar de haber tenido conocimiento ya del desfalco que sufrió la dependencia paramunicipal.
“Se cerró la investigación y lo que se propone es decretar la no responsabilidad administrativa considerando que todavía no estaba listo el informe de la contraloría para hacerlo”, justificó.