Guanajuato, Gto. – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó cuatro mesas de trabajo para analizar diversas iniciativas en materia de hostigamiento y acoso sexual, violencia política, víctimas indirectas de feminicidio y atribuciones del IMUG.
Hostigamiento y acoso sexual cometido por servidores públicos
La primera mesa de trabajo correspondió al análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual cometido por servidores públicos.
Al hacer uso de la voz, Vicente Esqueda Bustos, de la Coordinación General Jurídica del Estado, expresó que existe en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de hostigamiento y acoso sexual que aún se encuentra pendiente de dictamen, por lo que las figuras propuestas aún no forman parte del catálogo de faltas administrativas consideradas como graves en el ordenamiento general.
Por su parte, Luis Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, mencionó que hasta que no se aprueben las modificaciones a la Ley General en cuestión, no se podrían llevar a cabo las reformas a nivel local debido a que se vulnerarían los principios constitucionales de distribución exclusiva y residual de competencias legislativas entre la Federación y Estados.
Betzabé Zárraga Hernández, integrante del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, externó que se comparte la importancia de abortar la problemática del hostigamiento y acoso sexual, además de indicar que la legislación estatal actual cuenta con mecanismos de sanción tanto administrativos como penales, por lo que su inclusión daría lugar a una eventual sobrerregulación.
Jorge Luis García Gómez, de la Fiscalía General del Estado, coincidió en que es necesario los supuestos de la iniciativa primeramente se encuentren vigentes en la ley general, por lo que en este momento no sería posible incorporarlos en las normativas contrarios por incurrir en connotaciones de inconstitucionalidad.
Daniel Martínez Domínguez, representante del Tribunal Estatal Electoral, sugirió que en lugar de utilizarse el término servidor público se refiera como persona servidora pública y que se utilice el término la persona responsable con motivo de incorporar el lenguaje incluyente.
Luis Guillermo Velázquez Vázquez, asesor del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, señaló que la violencia no es exclusivamente una condición de género, a diferencia de los hombres las mujeres sufren comúnmente condiciones laborales desiguales, por lo que es necesario adelantarse a los tiempos del Congreso de la Unión a la espera de que se resuelva este tema.
En su intervención, la diputada Yulma Rocha Aguilar comentó que una vez que se dé la reforma a nivel nacional se estaría en condiciones de hacer lo propio en el Estado, toda vez que la iniciativa engloba temas de las recomendaciones del grupo de trabajo que atiende la solicitud de alerta de género.
Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano concluyó diciendo que las iniciativas que se estarán revisando no se dictará sentido de estas por ser parte de un grupo de iniciativas que se estarán discutiendo en posterior sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Violencia política
El segundo análisis correspondió a la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, para incorporar en el ámbito de la responsabilidad administrativa la sanción a las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres.
Al emitir opinión, Francisco Javier Murillo Domínguez, miembro de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, indicó que la iniciativa se estima adecuada ya que actualmente no existe disposición expresa para identificar y sancionar la comisión de violencia política contra las mujeres por razones de género en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Lucía Reyes Campos, del del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, expresó que resulta procedente incorporar la sanción de la violencia política contra las mujeres en el ámbito de la responsabilidad administrativa para que las personas servidoras públicas puedan ser sancionadas por las eventuales acciones u omisiones que contravengan los principios éticos del servicio público.
Jorge Luis García Gómez, representante de la Fiscalía General del Estado, dijo que en los términos específicos en los cuales se encuentra redactada la propuesta de reforma, no sería procedente puesto que se estaría generando incertidumbre y señalando en estricto conductas de actualización diversas a las previstas en la legislación general, lo cual resultaría contrario a la distribución de competencias legislativas en la materia y pudiera ser motivo de una acción de control constitucional.
Isis Nevaí Albarrán, del Tribunal Estatal del Estado de Guanajuato, consideró que la propuesta de reforma es legalmente viable, pero sugirió emitir los enunciados normativos necesarios que establezcan alguna limitante clara que evite una sanción desproporcionada ante la posibilidad de tramitar por distintas vías de manera simultánea los mismos hechos.
Víctimas indirectas de feminicidio
La otra propuesta analizada fue la iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, para que las hijas e hijos menores de dieciocho años, que sean víctimas indirectas de feminicidio podrán tener derecho a recibir bimestralmente una pensión suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, educación y atención médica, además de la compensación que ya era considerada por la norma vigente.
Al hacer uso de la voz, Carlos Manuel Yáñez Torres, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, precisó que la iniciativa no considera la integración de un expediente que determine en cada caso en particular el apoyo económico que requiera la víctima, por lo que se estimó que no se priorizaría la entrega de apoyos a quienes precisen de estos en detrimento de los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Jorge Luis García Gómez, integrante de la Fiscalía General del Estado, mencionó que no se podría establecer una función bimestral homologada porque tendríamos que estar atendiendo las necesidades de cada núcleo familiar y cada víctima en particular, además de que las obligaciones que derivan de la comisión de un delito no se cubren con los recursos del fondo estatal de ayuda, sino que la reparación integral del daño se tiene que exigir al responsable de cometer el delito.
María Elena Medina Ramírez, de la Secretaría de Gobierno del Estado, sugirió que se valorara la redacción propuesta para perfeccionar el objetivo planteado, luego de que se vulnera el principio de progresividad ya que en la redacción vigente no se limita exclusivamente a niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas de feminicidio.
Synthia Viviana Cifuentes Adón, integrante del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, externó que la propuesta debería de abordar la interseccionalidad para reconocer las desigualdades de todas las personas debido a que no se pudiera otorgar una pensión alimenticia sin estar contemplando aquellas situaciones que influyen en la capacidad económica de la persona obligada a dar los alimentos, junto con la justificación del por qué tendría que ser de manera bimestral.
Finalmente, la diputada Yulma Rocha Aguilar comentó que no solamente se debería atender a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad por motivos del delito de feminicidio, sino que se debería de atender todos los tipos de delitos. Agregó que la ley ya contempla los mecanismos adecuados para la protección, pero el reto sería que las autoridades ejecutoras estén cumpliendo con la norma y realmente estén dando la protección.
Inclusión del IMUG en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y en la Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas
Finalmente, se discutió la iniciativa para modificar la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, para sumar a la persona titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y en la Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas.
En su intervención, Vicente Esqueda Bustos, de la Coordinación General Jurídica del Estado, precisó que para poder implementar la metodología de la perspectiva de género en los sistemas referidos es pertinente la incorporación del IMUG por ser especialista en la materia.
Synthia Viviana Cifuentes Adón, representante del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, dijo que la propuesta puesta en análisis va acorde con los trabajos que actualmente se están realizando con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, además de ser indispensable que las investigaciones relacionadas con mujeres deben ser tratadas como únicas.
Yazmín Yaraneth Martínez Valencia, integrante de la Secretaría de Gobierno del Estado, refirió que la iniciativa representa una esfera de progresividad en perspectiva de género porque la inclusión del IMUG en los sistemas antes referidos se contribuye al impulso de las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos que atienden de manera integral el problema de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.
Jorge Luis García Gómez, de la Fiscalía General del Estado, comentó que la iniciativa se estima oportuna ya que la visión y las atribuciones del organismo coadyuvaría con los fines y objetivos del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y en la Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Luis Alberto Estrella Ortega, miembro de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, coincidió en que la integración del IMUG a los entes referidos contribuirá a la creación de políticas públicas con perspectiva de género por posibilitar la visibilidad de las problemáticas que afectan a niñas, adolescentes y mujeres por las diferentes circunstancias y contextos a los que se enfrentan en el estado.
Héctor Alonso Díaz Ezquerra, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, precisó que es de importancia que aparte de la inclusión del IMUG, también cuente con la facultad de derecho a voto en las sesiones que lleven a cabo en las sesiones del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
Jorge De Jesús Pérez López, de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, reiteró que resulta indispensable contar con un instituto que de un enfoque especializado y diferenciado que establezca las directrices en los planes, programas, proyectos y acciones que se implementan para la ayuda, atención y asistencia de protección a la justicia.
La congresista Yulma Rocha Aguilar señaló que la incorporación del IMUG contribuirá a llevar a cabo la perspectiva de género y programas que atiendan de manera diferenciada los casos de mujeres que son víctimas de algún delito, tomando en cuenta que las circunstancias por las que desaparecen las mujeres son distintas a la de hombres.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano concluyó que la iniciativa busca atender con perspectiva de género esperando que las coincidencias logren dar solución a parte de la problemática que viven las mujeres en Guanajuato.