Guanajuato, Gto. – En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes relativos a los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Tierra Blanca, Acámbaro, Celaya, Irapuato, Tarandacuao, Abasolo, Apaseo el Alto y Jaral del Progreso, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Como parte del orden del día se radicaron cinco propuestas legales. Se trata de dos iniciativas de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una, con el objeto de especificar los anexos transversales existentes y los referentes en materia de apoyo a las personas de la diversidad sexual y de género, de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y de combate a la corrupción; la otra, para reducir el monto de las remuneraciones por estímulos a servidores públicos.
Ambas se remitirán a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Finanzas, a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, al Poder Judicial del Estado, los Organismos Autónomos del estado y a los 46 Ayuntamientos del Estado. La primera también enviará a la Auditoría Superior del Estado, todos los entes consultados contarán con un plazo de 30 días hábiles para remitir sus comentarios, mismo periodo por el cual estará habilitada una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Los otros tres son puntos de acuerdo. El primero, para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y a la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador para que consideren a la Coordinadora de la Sociedad Civil (COSOC) y al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato en la toma de decisiones sobre el diseño de los lineamientos, estructura, programa y acciones que permitan el financiamiento pertinente, transparente y efectivo a los organismos de la sociedad civil.
Para su estudio se solicitará información a la Consejería Jurídica, a la Secretaría del Nuevo y a la Unidad de Estudios de las finanzas Públicas.
El segundo, para pedir al titular de la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría financiera y de desempeño al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato abarcando los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, donde también se incluya la totalidad de los contratos, convenios y demás actos que el Instituto haya celebrado con las empresas RM Servicios Integrales y Comercializadora PTCV S.A de C.V.; así como de las tres ediciones del Congreso Iberoamericano de Juventudes realizado en dichos ejercicios fiscales.
El último, busca exhortar a la Cámara de Diputados para que, en uso de sus facultades exclusivas en materia presupuestal, en el proceso de discusión y aprobación de la ley de egresos de la federación 2026, realicen las modificaciones necesarias que permitan la extinción total de la deuda pública derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
En la sesión estuvieron presentes las diputadas María del Pilar Gómez Enríquez, Angélica Casillas Martínez y Karol Jared González Márquez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.