Guanajuato, Gto. – Esta tarde, sesionaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen relativo a siete iniciativas de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Con estas reformas propuestas se establece en el glosario lo relativo a signos de ebriedad y se fortalece lo relativo al servicio de alimentos.
Además, se agregan supuestos para la revocación de la licencia o el permiso cuando se acredite, por la autoridad competente, que el establecimiento sea utilizado para la venta de droga, sustancias prohibidas por las disposiciones legales, psicotrópicas, enervantes, estupefacientes o cualquier otra denominación o especie o sustancias o productos controlados, o bien, se utilice como lugar de narcomenudeo; y cuando enajenen bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.
De igual manera, se precisa que en los establecimientos se deberá sugerir a la persona conductora que muestre signos de ebriedad que no conduzca, informándole las alternativas de servicio público de transporte; y, en su carta de bebidas alcohólicas, deberá exhibir el contenido alcohólico por cada producto que oferte, y en forma clara mostrar al menos tres ejemplos de la cantidad de unidades máxima que se considera como límite previo a lo que corresponde a un consumo excesivo de alcohol
También se establece la prohibición de establecer a los clientes la condición de realizar un consumo mínimo para permitirles acceder o permanecer en el establecimiento; y se precisa que, en ninguna forma que implique consumo mínimo podrá condicionarse la asignación o instalación de mesa en una determinada área del establecimiento, o el acceso a alguna zona reservada.
Igualmente, se establece una infracción por realizar el mencionado acto; por primera vez, de 300 a 499 UMAs y si reincide de 500 a 700.
Además, se radicaron dos iniciativas. La primera, plantea reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato en materia de la creación de la Unidad de Vigilancia y Evaluación; y la segunda, propone cambios a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2025 para que se contemplen asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas en conformidad con las normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Angélica Casillas Martínez, Rocío Cervantes Barba, María Eugenia García Oliveros, María del Pilar Gómez Enríquez, Karol Jared González Márquez y María Isabel Ortiz Mantilla; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente de las Comisiones Unidas), Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Juan Carlos Romero Hicks.