Guanajuato, Gto. – La Comisión de Asuntos Municipales aprobó la metodología de análisis de siete iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
La primera propuesta busca que las autoridades municipales respeten, promuevan, garanticen y protejan los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas; la segunda, con el objeto de ampliar el plazo dos meses para permitir al Ayuntamiento, en su caso, realizar aquellas consideraciones que estime necesarias en el marco de los instrumentos de planeación federal y estatal; la tercera, con la finalidad de incorporar la función de subdelegada o subdelegado municipal.
Asimismo, se contempla una cuarta iniciativa, para garantizar el acceso a la justicia para la población y en particular para las víctimas, contar con mayor eficacia en las policías y en el abatimiento de la impunidad, así como con un Ministerio Público verdaderamente autónomo; la quinta, en materia de revocación y caducidad de las concesiones de servicios públicos; la sexta, a fin de fortalecer la confianza en las dependencias y entidades de la administración pública municipal; y la séptima, a fin de establecer las disposiciones necesarias para la prestación del servicio público de agua sin discriminación y en condiciones de plena igualdad cuando exista escasez.
Todas las iniciativas pedirán opinión a la Consejería Jurídica y a los 46 ayuntamientos; la cuarta, quinta y sexta solicitarán comentarios al Poder Judicial; en lo que toca a la propuesta relacionada con el acceso a la justicia y que el Ministerio Público sea verdaderamente autónomo se enviará a la Secretaría de Seguridad Pública estatal; la iniciativa relativa a la revocación y caducidad de las concesiones de servicios públicos consultará al Tribunal de Justicia Administrativa.
Por su parte, la sexta propuesta se remitirá a la Asociación de Cronistas del Estado; la séptima pedirá opinión a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a las dependencias u organismos operadores del agua y a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado.
Finalmente, la iniciativa en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas solicitarán se integre con el paquete de propuestas de las diversas comisiones para realizar las consultas pertinentes.
Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Carlos Romero Hicks pidió que se incluyera la opinión del Tribunal de Justicia Administrativa de las iniciativas enlistadas, se precise si se realizará una mesa con autoridades para conocer el alcance de la propuesta y que las áreas del Congreso del Estado apoyen en la realización de las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como que se invite a participar a la diputada Plásida Calzada Velázquez. La propuesta fue aprobada.
En su intervención, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor solicitó se añada a los comentarios relativos a la iniciativa en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la oficina de representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La solicitud fue aprobada.
Asimismo, se acordó solicitar a diferentes autoridades la información relacionada con los siguientes puntos de acuerdo:
Para exhortar a los 39 ayuntamientos y sus autoridades para que, a la brevedad, adecuen sus instrumentos normativos en los términos de lo establecido por la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato e implementen la organización y el funcionamiento de los órganos encargados de impartir Justicia Cívica conforme a lo previsto en la Ley en mención debiendo prever los recursos necesarios para ello.
Dirigido a los alcaldes y alcaldesas de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú, a efecto de que diseñen políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de los gobernados, previstos en el artículo 3º, 4º y demás de la Constitución Federal; así como asumir con seriedad su papel y cumplir de manera cabal con sus obligaciones que les establece el artículo 115 de la Carta Magna, y el artículo 25 y demás de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; en consecuencia realizar acciones tendientes a combatir la pobreza y marginación que flagela a sus pueblos, destinando para ello mayores partidas presupuestales, evitando realizar gastos superfluos en actividades que en nada cambian la situación de marginación en la que viven nuestros hermanos y hermanas indígenas y demás población.
Para exhortar a los 46 municipios del Estado de Guanajuato para que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracciones I y III; incisos w, d, y e de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios de Guanajuato, así como en lo estipulado en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, realicen un análisis partiendo de la economía de la ciudadanía, verificando los impactos económicos que se tendrían con un aumento a las tarifas del transporte público; así también para que, en un plazo no mayor a 90 días, informen a esta soberanía sobre la adecuación y expedición de los reglamentos y demás disposiciones para su cumplimiento, en materia de armonización con la reciente reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Dirigido a los ayuntamientos de Comonfort, Purísima del Rincón, Coroneo, Jaral del Progreso, Tarandacuao, Yuriria, Cortazar, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salvatierra y Santiago Maravatío, para que en ejercicio de su facultad reglamentaria regulen el servicio de seguridad privada conforme a las facultades que le establece la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.
Finalmente, se radicaron las iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; la primera, a fin de fortalecer la confianza en las dependencias y entidades de la administración pública municipal; y segunda, para establecer las disposiciones necesarias para la prestación del servicio público de agua sin discriminación y en condiciones de plena igualdad cuando exista escasez.
Mismo trámite recibieron las propuestas de punto de acuerdo; para exhortar al Ayuntamiento de Guanajuato a efecto de que presente y apruebe los Programas de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el municipio de Guanajuato; así también actualice y armonice adecuadamente el Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Guanajuato conforme a la legislación vigente; y dirigido a la Presidenta Municipal de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, instale mesas de trabajo con los comerciantes afectados, con el fin de analizar la viabilidad de su reinstalación en los lugares donde tradicionalmente desempeñaban su labor, o bien se generen las condiciones necesarias para otorgarles concesiones formales que les permitan desarrollar su actividad en espacios dignos, seguros y adecuados.
En asuntos generales, el congresista Juan Carlos Romero Hicks sugirió que en el receso activo que está pronto a ocurrir se tenga la asignación para el segundo año de la legislatura ver cuáles son los principales temas para hacer un programa de trabajo y lograr una mayor proactividad.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y los diputados Ernesto Millán Soberanes (presidente), Juan Carlos Romero Hicks, José Salvador Tovar Vargas y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.