CELAYA, GTO.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) determinó que el titular de Fiscalización municipal, Eduardo Griss Kauffman, vulneró los derechos humanos de nueve periodistas al impedirles el acceso a una conferencia de prensa ofrecida por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez. La resolución fue emitida por la procuradora Karla Alcaraz Olvera.
Los hechos ocurrieron el 11 de abril, cuando reporteros salieron de la rueda de prensa luego de que un generador de contenido, comenzara a lanzar descalificaciones hacia la labor de los medios. Al intentar reincorporarse al evento, dos policías les bloquearon la entrada por instrucciones del director de Fiscalización, según consta en el expediente de queja 0987/2025.
Aunque Griss Kauffman justificó la medida como un asunto de seguridad, la Prodheg puntualizó que no existe evidencia de protocolos o disposiciones de resguardo que respaldaran su decisión, ni se informó previamente a los comunicadores que, de salir, no podrían volver a ingresar.
En el expediente figura la declaración de un agente de policía que acompañó al funcionario: tras observar la salida de los periodistas del salón de cabildo, “recibí un mensaje de mi compañero que, por órdenes de Griss Kauffman, director de Fiscalización, en ese momento no se les permitiera la entrada”.
La autoridad de derechos humanos concluyó que el funcionario omitió garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información, incumpliendo compromisos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
La procuradora emitió tres recomendaciones dirigidas al secretario de Seguridad Pública, Pablo Muñoz Huitrón: iniciar una investigación formal, integrar la resolución al expediente laboral del director de Fiscalización y capacitarlo en la materia.
De manera paralela, los periodistas denunciaron que el alcalde hizo comentarios que, a su juicio, menoscaban su trabajo. El expediente recoge su acusación de que el presidente municipal obstaculizó la labor periodística al permitir que un creador de contenidos descalificara públicamente a los medios.
En una sesión de Ayuntamiento, Juan Miguel Ramírez expresó que “así se hacen los chismes: los periodistas dicen que otro periodista -Pablo Mendoza- los está violentando, pero ambos son periodistas, a ambos se les dan recursos económicos, no muchos para que puedan también sobrevivir; son apoyos que les damos a ellos y que siempre se les han dado, y lo vuelvo a decir, ahora son menos que los gobiernos anteriores daban”.
Sin embargo, la Prodheg determinó que el presidente municipal no incurrió en una violación a los derechos humanos. “No obra en el expediente prueba alguna con la que se demuestre que el presidente municipal menospreció la labor periodística de las personas quejosas; razón por la cual no se emite recomendación”, concluyó.