Irapuato.- Nicolás Pérez Ponce, dirigente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, expuso la situación de vulnerabilidad que enfrentan los anexos en la región debido a la falta de seguridad y de rondines por parte de las autoridades municipales.
El representante señaló que, tras los ataques a este tipo de espacios, la presencia policial solo se incrementa de manera temporal y después vuelve a desaparecer.
“Los rondines los implementan cuando pasa una situación de estas, pero luego ya después se olvidan, los abandonan. Sí, después se olvidan y, igual, es la misma situación”, manifestó.
Pérez Ponce lamentó que las autoridades únicamente busquen calmar los ánimos ante hechos violentos, sin atender de fondo las causas.
“La autoridad nomás está como para calmar las aguas, pero no hay un trabajo eficiente desde raíz para tratar de verificar cuáles son las razones de estos ataques”, aseguró.
El líder del CRUB recalcó que en años anteriores se justificaba la violencia en contra de los anexos al argumentar que trabajaban con jóvenes vinculados a problemas de adicciones o incluso con vínculos criminales, lo que consideró una forma de evadir la responsabilidad oficial.
Asimismo, subrayó que los centros de rehabilitación, al igual que los hospitales, ofrecen atención como un tema de salud, sin discriminar a las personas que llegan en busca de ayuda.
“Nosotros también les damos la atención porque es un problema de salud, y la seguridad es responsabilidad del gobierno”, apuntó.
Finalmente, denunció que mientras a negocios como gasolineras o cadenas de farmacias se les asigna patrullaje permanente, los centros de rehabilitación quedan al margen de esa protección.
“A las farmacias Guadalajara sí les ponen una patrulla allá afuera y nosotros, que solo pedimos rondines, no se nos da”, reprochó.