Guanajuato, Gto. – Esta mañana, la Comisión de Salud Pública sesionó para dar trámite a diversos asuntos de su competencia.
En primera instancia, se radicaron tres iniciativas a la Ley de Salud estatal. La primera, busca establecer los mecanismos de prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, ECOSIG o “Terapias de Conversión”; la segunda, con la finalidad de implementar un sistema estatal de datos que recabe indicadores sobre insuficiencia renal, que permitan establecer factores de riesgo, causas, efectos, origen y tendencias para dar seguimiento a su progresividad.
La tercera, busca garantizar, en todo el sistema estatal de salud, el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, a través de la prohibición expresa de promover, impartir, aplicar, obligar o financiar cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, que pretendan modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género y el reconocimiento de sus derechos a recibir servicios asistenciales sin discriminación, como otros sectores prioritarios.
Todas las iniciativas se remitirán a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica, a los 46 ayuntamientos y al Instituto de Investigaciones Legislativas; la segunda, además, se mandará a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Los entes consultados contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios; se habilitará una liga en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo, y se realizarán mesas de trabajo.
Puntos de Acuerdo
Como parte del orden del día de la sesión, también se dio cuenta de ocho propuestas de punto de acuerdo.
La primera, busca exhortar al Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Guanajuato para que toda queja sea atendida dentro de los principios de equidad, imparcialidad, legalidad, neutralidad, profesionalismo y celeridad; y para que se analice el caso de la señora María Valencia.
La segunda, solicitar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y a las y los presidentes municipales de los 46 municipios del Estado, para que, analicen y establezcan de forma progresiva unidades médicas en los centros de trabajo con más de 100 funcionarios públicos en la administración pública del Gobierno del Estado y de los municipios que representan.
De igual manera, a la gobernadora para que, a través de las instancias correspondientes, implemente inspecciones en los centros de trabajo del sector privado, con el fin de verificar el cumplimiento del derecho de las y los trabajadores a contar con espacios adecuados de atención médica, que garanticen la protección de su salud y seguridad, en cumplimiento con lo establecido en la legislación aplicable.
La tercera, para pedir a la Secretaría de Salud federal que implemente un programa emergente para recuperar las coberturas de vacunación infantil mediante brigadas intensivas en municipios con mayor rezago, garantizando la compra y abasto oportuno de biológicos, el fortalecimiento de la cadena de frío y la disponibilidad de personal capacitado.
Asimismo, para que diseñe estrategias de comunicación social basadas en evidencia científica y culturalmente pertinentes que promuevan la aceptación de la vacunación, incremente los recursos presupuestales para asegurar su sostenibilidad, mejorar los sistemas de información y registro para la planeación y seguimiento efectivo de los esquemas, y presentar un informe público sobre las acciones, resultados y retos pendientes, en cumplimiento de la obligación constitucional de proteger la salud de la niñez mexicana.
La cuarta, para exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que revise y reconfigure el modelo de centralización en materia de salud pública, a fin de garantizar la eficacia, la cobertura y la calidad de los servicios de atención médica que demanda la población; a la Secretaría de Salud federal a implementar estrategias integrales, que garanticen el acceso universal a servicios médicos, priorizando zonas rurales y población en situación de vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de la atención primaria y medicina preventiva; la optimización de recursos públicos con criterios de eficiencia, transparencia y equidad; y la reducción del gasto de bolsillo en salud de las familias.
Además, al Congreso de la Unión para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2026, considere la inclusión de tratamientos fiscales preferenciales en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de incorporar, como parte de las deducciones personales, los gastos realizados por personas físicas en la adquisición de medicamentos en farmacias legalmente establecidas, con el fin de aliviar la carga fiscal de las y los contribuyentes y promover el acceso a la salud.
La quinta, con la intención de pedir a la Secretaría de Salud que realice un análisis sobre la situación de la acumulación de basura en zonas urbanas, suburbanas y comunidades del municipio de Silao de la Victoria y sus implicaciones en la salud de los ciudadanos, e informe a esta asamblea de los resultados obtenidos y las acciones que se deben de realizar por parte del municipio.
El diputado Ernesto Millán Soberanes externó su preocupación respecto al tema de la basura, ya que, dijo, aparte de ser un problema de imagen urbana, se convierte en un tema de salud. Agregó que las quejas continúan porque el problema sigue y el temor de las enfermedades está latente en la población silaoense.
La sexta, a fin de solicitar a la gobernadora del estado que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, adopte las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis para todas las personas que así lo requieran y no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE.
En una segunda intervención, el congresista Millán Soberanes refirió que la propuesta deriva del problema identificado en el Estado donde se hizo habitual que para atender los problemas renales las personas afectadas primero tienen que tramitar un juicio de amparo para que se le ordene al ISAPEG cumplir con su función o solicitar apoyo a la casa ciudadana, por lo que era necesario que se explique por qué no se les brinda la atención si no es mediante juicios.
Por su parte, la legisladora Angélica Casillas Martínez señaló que por eso se estaba solicitando la información correspondiente para contar con el sustento de la situación y no apresurarse a realizar juicios de valor.
La séptima para exhortar a la Secretaría de Salud federal a mantener campañas nacionales de vacunación e información contra el sarampión, focalizadas en la niñez, los grupos vulnerables y dentro del ámbito escolar, que amplíen la cobertura en zonas con menores índices de inmunización, garanticen el acceso equitativo a las dosis y fortalezcan la capacidad de respuesta del sistema de salud; dichas acciones deberán articularse con la Secretaría de Educación Pública en el marco del Plan de Respuesta Rápida 2025, a fin de consolidar la coordinación interinstitucional y asegurar el derecho efectivo a la salud de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la que pretende pedir a la Secretaría de Salud estatal que informe los motivos que originaron el incremento en la carencia de acceso a los servicios de salud en la entidad, así como las estrategias implementadas o previstas para revertir dicha tendencia y garantizar una mejor atención a la población.
En todas las propuestas se acordó solicitar información a las autoridades señaladas en cada una de ellas sobre los temas expuestos, con plazo de 20 días hábiles.
En la sesión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Noemí Márquez Márquez, Miriam Reyes Carmona e Luz Itzel Mendo González; así como el diputado Antonio Chaurand Sorzano (presidente). Además, los acompañó el congresista Ernesto Millán Soberanes.