Irapuato.-La aprobación del arrendamiento de patrullas en Irapuato por más de 170 millones de pesos ha desatado otro conflicto, luego de que regidores de oposición y el diputado de Morena, Abraham Sotomayot, presentaran ante la Auditoría Superior del Estado una denuncia de “situación excepcional” por posibles irregularidades en el proceso.
La denuncia fue firmada por los regidores de Morena, Elvia Aguado López, Ignacio Morales Rojas, Karina Rosales Zúñiga, José Eduardo Ramírez Vergara y Bonifacio Vargas Guerra, junto con la regidora de Movimiento Ciudadano, Regina Irastorza Tomé, y el diputado ya mencionado.
El señalamiento central es que el contrato multianual para arrendar 66 vehículos a la empresa Transporte Empresarial del Bajío S. de R.L., con un monto de 170 millones 628 mil 872 pesos, fue aprobado sin que existiera un estudio de costo-beneficio ni una investigación de mercado que justificara la conveniencia de rentar en lugar de comprar.
Los ediles denunciantes compararon el caso con León, donde se adquirieron 115 patrullas pick up por 62 millones de pesos en agosto de este mismo año, mientras que en Irapuato se autorizó pagar casi el triple de dinero a cambio de un número menor de unidades, entre ellas camionetas Explorer, vehículos sedán, motocicletas, ambulancias y unidades blindadas.
Otro de los puntos cuestionados es que el contrato aprobado compromete recursos municipales por un plazo de 39 meses, es decir, más allá del actual periodo de gobierno, lo que según los denunciantes se hizo sin contar con un acuerdo excepcional del Ayuntamiento que lo justificara, como lo marcan la Ley de Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y el reglamento municipal de adquisiciones.
En la denuncia se acusa que tanto el Ayuntamiento como el Comité de Adquisiciones incumplieron con requisitos básicos de legalidad y transparencia, lo que a su juicio convierte en nulo el contrato aprobado el pasado 9 de septiembre.
La Auditoría Superior del Estado deberá analizar la documentación y, en caso de confirmar las irregularidades señaladas, podría turnar el caso a la Fiscalía General de Guanajuato para determinar si hubo un posible delito en el manejo de los recursos públicos.