Guanajuato, Gto.- Con el voto a favor de la y los diputados del PAN, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local aprobó el dictamen de dos iniciativas que buscan garantizar el derecho a una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Las propuestas reforman la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad para garantizar la prestación económica a quienes lo requieran, sin importar si han cotizado o no en instituciones de seguridad social.
La diputada Ana María Esquivel Arrona dijo que el dictamen es fruto de un exhaustivo análisis y complementa la reforma al artículo primero de la Constitución Política del Estado sobre la materia.
Explicó que las modificaciones pretenden ampliar y enriquecer este derecho para mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de quienes son parte de este sector poblacional.
“Desde este enfoque, el derecho a vivir de forma independiente no implica crear sistemas paralelos, sino transformar los existentes para que todas las personas, sin excepción, puedan disfrutar de una vida digna en igualdad de condiciones”, indicó.
Jesús Hernández, legislador de Acción Nacional, destacó que la agenda en materia de discapacidad se encuentra en constante evolución y debe abordarse desde un enfoque amplio, transversal y humano. “La inclusión debe reflejarse con mayor claridad en nuestras leyes, políticas y programas, para que la igualdad sea una realidad tangible en la vida de cada persona”, señaló.
El congresista Salvador Tovar Vargas hizo hincapié en que este dictamen es un paso crucial hacia la consolidación de un Estado que coloca a las personas con discapacidad en el centro de sus decisiones, no debe verse como un fin en sí mismo.
“Garantizar la pensión no contributiva implica establecer mecanismos de accesibilidad integral: trámites simplificados, canales de atención accesibles, acompañamiento institucional y una evaluación permanente del cumplimiento de las metas”, expuso.
A la sesión asistieron personas con discapacidad e instituciones públicas, así como representantes del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, quienes coincidieron en que la reforma fortalece la participación de estas personas en la vida política, social y económica.