Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Servicio de Administración Tributaria a que informe con precisión el monto total del deterioro ocasionado a las finanzas públicas por los actos de corrupción del denominado huachicol fiscal durante el periodo de la administración federal entre 2018 a 2024 y en el transcurso del primer año de la administración en curso, a fin de dimensionar el impacto real de este fenómeno en la Hacienda Pública.
De igual manera, para que establezca un mecanismo de información periódica sobre el volumen de desviaciones derivadas de prácticas ilegales en la importación, comercialización y facturación de combustibles, garantizando así un monitoreo constante y transparente de su evolución. En ese marco, los Informes Tributarios y de Gestión del SAT serían el marco idóneo para contar con esa información.
Asimismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar un esquema de compensación dirigido a entidades federativas y municipios, que atienda las afectaciones en los ingresos transferidos generadas por estas prácticas de corrupción, de modo que se salvaguarde la estabilidad presupuestaria local y se asegure la continuidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
Y para que, en el marco del combate al huachicol fiscal y ante el doble costo que éste genera —merma en los ingresos públicos y encarecimiento para la ciudadanía—, aplique de manera estratégica cuotas de estímulo fiscal en combustibles, con el propósito de reducir el precio final de la gasolina a $10 pesos por litro y proteger así la economía de la población.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó que el huachicol fiscal constituye una de las expresiones más graves de distorsión en la interacción entre el sistema tributario y el sector energético, pues se trata de operaciones fraudulentas en facturación, importación y comercialización que desvían de manera sistemática recursos públicos que deberían ingresar al erario.
Dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su Informe Tributario de Gestión 2021, reportó que el contrabando de combustibles en ese año alcanzó hasta 102 millones de barriles, una cifra que representa el 27% de las ventas legítimas y el 41% de las importaciones formales de combustibles. Entre 2018 y 2021, cita el Informe del SAT, el contrabando estimado de combustibles se incrementó en un 122.7% al pasar de 45.8 millones de barriles a 102 millones al año.
La legisladora refirió que la Procuraduría Fiscal de la Federación estimó que el impacto económico de este esquema ilícito podría alcanzar los 600 mil millones de pesos, lo que representa una pérdida en los ingresos que podría sostener durante años programas prioritarios de educación, salud o infraestructura.
Asimismo, Bermúdez Cano subrayó que el combate al huachicol fiscal no debe limitarse a operativos aislados, sino que se requiere de transparencia, fortalecimiento de la fiscalización y la rendición de cuentas, además de compensaciones directas a los gobiernos locales y estímulos al precio final de los combustibles.
“Combatir el huachicol fiscal con seriedad y resultados verificables no es únicamente un objetivo de política fiscal o energética, sino un acto de justicia económica hacia la población. Abatir la corrupción en este sector representa la vía más directa para devolver a las y los ciudadanos el derecho a acceder a combustibles a precios razonables”, finalizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.