Irapuato.- Agricultores, ejidatarios y pequeños productores del estado, tomaron de manera simbólica las oficinas del SAT en la ciudad de Irapuato para exigir soluciones a la crítica situación que atraviesa el campo mexicano.
Con la protesta, buscan presionar a las autoridades federales, estatales y municipales a atender de inmediato demandas urgentes sobre precios justos, acceso al agua, financiamiento y seguridad en la producción agrícola.
Los manifestantes advirtieron que, si no logran una reunión con funcionarios este mismo día, el miércoles intensificarán sus acciones tomando carreteras de la región para visibilizar la gravedad del abandono que enfrenta el sector.
Los agricultores presentaron un pliego de demandas que incluye la garantía de precios de compra que cubran los costos de producción, mecanismos de comercialización directa que eviten intermediarios, subsidios y apoyos accesibles, transparencia en su entrega y simplificación de programas de fertilizantes, semillas, créditos y seguros agrícolas.
Además, solicitaron inversión en infraestructura hídrica, facilidades de financiamiento justo, protección frente al robo de cosechas y fomento a prácticas agrícolas sostenibles sin desplazar al pequeño productor.
Mauricio Pérez, representante del Comité Promejoramiento del Agro Guanajuatense en Pénjamo, denunció el abandono del gobierno federal y advirtió que tras más de 60 reuniones sin resultados, la paciencia del sector está agotada.
Señaló que la entrada indiscriminada de maíz transgénico ha colocado a los productores locales en condiciones desiguales, ya que la inversión para producir maíz híbrido tradicional es hasta 2.5 veces mayor que en los cultivos transgénicos importados. Reclamó un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y que el sorgo sea considerado un producto respaldado oficialmente.
Los agricultores afirmaron que su protesta busca generar diálogo directo con altos funcionarios, incluido el secretario de Gobernación y la Presidenta de la República, para evidenciar las fallas en la atención al campo y exigir medidas inmediatas. Aseguraron que la falta de respuesta no se debe al desconocimiento, sino al desinterés del gobierno por resolver un problema estructural que amenaza la sustentabilidad del sector agrícola en la región.