Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato con las que se establece que, para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes para facilitar y promover el aprendizaje y uso de la Lengua de Señas Mexicanas, el sistema de lectoescritura Braille, así como otros modos, medios y formatos de comunicación inclusiva.
Como autora del dictamen, la diputada Martha Edith Moreno Valencia indicó que el propósito que se persigue con la reforma era noble y urgente, que los convocaba a la igualdad y a la dignidad de las personas.
Agregó que, en México, la Lengua de Señas Mexicanas es mucho más que un sistema de comunicación, que era cultura, identidad y un puente imprescindible para la inclusión de las personas sordas, por lo que dijo, facilitar su aprendizaje y su uso, significa derribar barreras, abrir puertas y construir espacios donde todas y todos pueda expresarse, aprender y convivir en igualdad de condiciones.
En cuanto al sistema Braille, apuntó que representa la luz en el camino para quienes viven con una discapacidad visual, por lo que se debe garantizar que los materiales educativos, tecnológicos y culturales estén disponibles en ese formato.
Moreno Valencia argumentó que era esencial fortalecer el aprendizaje del español para las personas sordas, y concluyó al mencionar que la inclusión no es un favor, sino un derecho y una responsabilidad.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz las personas diputadas Sandra Alicia Pedroza Orozco, Antonio Chaurand Sorzano y María Isabel Ortiz Mantilla.
Pedroza Orozco indicó que entre los principales retos a los que se enfrentan las personas que viven con alguna discapacidad, se encuentran la ausencia de mecanismos accesibles que propicien su inclusión en todos los entornos, incluyendo el educativo, la generación de oportunidades en igualdad de condiciones que contribuyan a garantizar su pleno desarrollo, participación y el ejercicio de sus derechos.
Señaló que el dictamen establece la obligación que tendrán las autoridades educativas de ofrecer las medidas pertinentes para promover el uso de la Lengua de Señas Mexicana, el sistema de lectoescritura Braille, así como otros modos, medios y formatos de comunicación inclusiva.
Añadió que para materializar lo anterior, en los artículos transitorios especifica que las autoridades deberán realizar las asignaciones presupuestales de manera progresiva, procurando la suficiencia, continuidad y oportunidad de los recursos destinados a ello.
“Con lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo las condiciones que garanticen a las personas con discapacidad ejercer todos sus derechos. Como lo es el derecho a la educación”, enfatizó la diputada.
Finalizó al precisar que están convencidos de que la educación es fundamental para el desarrollo humano y la base para hacer posible que Guanajuato se convierta en un estado de iguales.
Por su parte, el diputado Antonio Chaurand Sorzano indicó que hablar de inclusión no solo era hablar de políticas o de leyes, era hablar de personas, de vidas, de oportunidades que muchas veces se han negado por falta de comprensión o empatía.
Manifestó que se estaba abordando una reforma que iba más allá de lo educativo, que se trataba de reconocer la dignidad y el derecho a la comunicación de todas las personas sin importar capacidades y condiciones. Agregó que se trata de un tema de justicia, de reconocer que la comunicación es un puente que une y cuando no existe, se construyen muros de aislamiento, desigualdad y silencio.
Finalmente, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla subrayó que hablar de inclusión en el ámbito educativo no era una concesión, sino un acto de justicia. Precisó que legislar con una visión incluyente significa reconocer que cada persona, independientemente de sus capacidades, debe tener acceso pleno a la educación en condiciones de dignidad y respeto.
Manifestó que el dictamen representa la suma de esfuerzos por avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, que responda a las necesidades reales de quienes viven con discapacidad visual o auditiva.
Ortiz Mantilla mencionó que ninguna ley es definitiva, y que, si bien hoy se concreta una reforma importante, el trabajo no termina aquí, por lo que seguirán escuchando, aprendiendo y perfeccionando el marco legal para que ninguna persona quede al margen del derecho a aprender.
Concluyó al mencionar que por ello la importancia de esta armonización de la legislación estatal con la Ley General de Educación, y que se manda un mensaje de que, en Guanajuato, las personas con discapacidad cuentan con una representación que escucha y actúa.