Guanajuato, Gto. – La Comisión de Hacienda y Fiscalización llevó a cabo una mesa de trabajo para el análisis de propuestas relacionadas con el gasto público en comunicación social y publicidad, transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos, traspasos presupuestales y reconocimiento al desempeño y productividad de servidores públicos.
Gasto público en comunicación social y publicidad
El primer análisis fue a la iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato y para reformar la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de crear un sistema público de registro y seguimiento del gasto en comunicación social y publicidad, así como una estructura de regulación en la materia.
Los asistentes consideraron como inviable la incorporación de un nuevo ordenamiento y de la derogación propuesta en la Ley de Contrataciones Públicas, toda vez que la vigente Ley General de Comunicación Social fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinarse que no se cumplía a cabalidad con el texto constitucional que debía reglamentar, además de no establecer los criterios a los que se debe estar sujeto el gasto de comunicación social.
Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor mencionó que diversas disposiciones de la normativa general retomaron su validez, por lo que no toda la Ley General de Comunicación Social quedó sin efecto. Agregó que a través del principio de libertad configurativa que tiene el Estado a través del Poder Legislativo de la entidad, se puede dar continuidad al trámite y estudio de la iniciativa.
Transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos
La segunda discusión correspondió a la propuesta que busca reformar la Ley para Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, a fin de reducir los márgenes de discrecionalidad por el Ejecutivo del Estado en el uso del presupuesto público, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos, así como la regulación y claridad de las contrataciones relativas a los servicios adquiridos por comunicación y publicidad.
Se externó que no se estiman convenientes las propuestas de modificación en alusión a que debe informarse al Congreso del Estado, una vez que se haya definido el destino, los traspasos a los montos presupuestales asignados en tratándose de los ramos de provisiones salariales y económicas y de deuda pública; que se estima que la figura del traspaso observa el principio de legalidad, al encontrarse prevista en la Ley, junto a cumplir con el objeto del gasto al orientarse a las actividades propias de la función pública y que se encuentra sujeto a la autorización de la Secretaría de Finanzas, como dependencia hacendaria competente.
Asimismo, se dijo que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.