Guanajuato, Gto.– En una sesión cargada de polémica, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos 2026, la cual contempla un incremento significativo en el refrendo vehicular, pasando de 672 a 940 pesos. Aunque la cifra es menor al alza del 76% que proponía originalmente el Ejecutivo estatal, representa un aumento del 40%, muy por encima del ajuste inflacionario del 4% sugerido por legisladores de oposición.
El dictamen fue aprobado por mayoría con 24 votos a favor y 12 en contra, y forma parte del paquete económico para el ejercicio fiscal del próximo año. El monto total estimado en la ley asciende a 140 mil 331 millones de pesos, lo que significa un aumento real del 9.56% respecto al año anterior.
Aumento sin precisión en otros servicios
Además del refrendo, trámites como el plaqueo y la expedición de licencias también experimentarán ajustes. Sin embargo, en estos casos no se detallaron las cifras exactas, aunque se confirmó que las reservas para limitar los aumentos al 4% fueron desechadas.
En cuanto a los ingresos federales, se estima que Guanajuato reciba 113 mil 938 millones de pesos, aunque diputados del PAN puntualizaron que una parte importante de esos recursos ya tiene un destino etiquetado por ley, por lo que el margen de maniobra real se reduce considerablemente.
Nuevos conceptos de cobro
La Ley de Ingresos también incluye nuevos derechos, como permisos provisionales, cesiones en materia de bebidas alcohólicas, regulaciones a casas de empeño y yonques, así como revisiones de cédulas de operación anual. En general, se prevé una actualización promedio del 4% en los cobros estatales respecto a 2025.
Posiciones encontradas en el Congreso
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta (PAN) defendió la ley, argumentando que se trata de un paquete que garantiza estabilidad financiera y permite atender demandas sociales en un contexto económico complejo. También justificó los cambios en normativas sobre bebidas alcohólicas como herramientas para mejorar la supervisión y la legalidad.
Por el contrario, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor (Morena) rechazó la ley por considerarla lesiva para la economía familiar, especialmente por los aumentos en trámites como el refrendo y las actas de nacimiento. Cuestionó que no haya una justificación clara y criticó que se siga trasladando el peso de la recaudación a la ciudadanía.
En la misma línea crítica, Hades Berenice Aguilar Castillo denunció que se suben tarifas sin eliminar privilegios, pese a que el 86% de los ingresos del estado provienen de la federación.
En defensa del dictamen, María del Pilar Gómez Enríquez (PAN) argumentó que los cambios responden a un entorno nacional adverso con recortes en seguridad y salud, y que fortalecer los ingresos propios es necesario para atender prioridades locales.
Solo una reserva aprobada
Durante la discusión se presentaron múltiples reservas. Aunque muchas fueron rechazadas, se aprobó una por unanimidad que extiende exenciones en derechos del Registro Civil a personas repatriadas, víctimas de delitos y otros grupos vulnerables.
Críticas por impacto a movilidad
Legisladores de oposición cerraron el debate señalando que el aumento al refrendo y otros servicios básicos afecta directamente a familias trabajadoras, para quienes el automóvil no es un lujo, sino una necesidad ante la falta de transporte público eficiente.
