Guanajuato, Gto. – Esta mañana, las diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Karol Jared González Márquez y Susana Bermúdez Cano, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rolando Fortino Alcántar Rojas, integrantes de la Comisión de Justicia, se reunieron para dar trámite a diversos asuntos.
En primera instancia, se analizó la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, a fin de incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar. La diputada Karol Jared González Márquez externó que la propuesta no solo refleja la sensibilidad ante una realidad profundamente dolorosa, sino una congruencia entre el discurso y la acción.
Agregó que la familia es el primer lugar donde se aprende a vivir en sociedad, donde se aprenden valores, respeto, educación y cultura; es donde se crece y donde debieran las personas ser cuidadas; pero que se tenía que reconocer que muchas veces la violencia nace desde el hogar.
Apuntó que la violencia familiar no era un tema privado ni algo que se deba normalizar, que es un abuso completamente y que quienes más lo sufren son las personas más vulnerables: mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.
Finalmente, comentó que tenían la responsabilidad de actuar y proteger a las familias y castigar con mayor severidad a quienes ejercen la violencia, y que se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar.
“Queremos enviar un mensaje muy claro a la sociedad de Guanajuato, que no hay tolerancia a la violencia dentro del hogar; además, se busca evitar que los agresores reincidan, impidiendo que vuelvan a beneficiarse de facilidades legales que les permitan seguir dañando a sus víctimas”, enfatizó.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano agravar las consecuencias jurídicas para incrementarla de 1 a 6 años, ahora a 2 a 9 años de prisión y de 20 a 90 días multas, que su persecución sea oficiosa y se agrave la pena cuando la víctima sean menores de edad, personas con discapacidad y se realice con violencia física, se impondrá una pena de 3 a 12 años de prisión y de 30 a 120 días multa.
En otros asuntos, acordó la metodología de trabajo de la iniciativa de reforma al Código Penal para que sea posible someter a proceso penal a los líderes de las organizaciones delictivas, a través de la autoría mediata con dominio de la voluntad, la cual se enviará para opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Universidad de Guanajuato, a la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, al Instituto de Investigaciones Legislativas.
Mismo trámite tuvo la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a efecto de que la pensión de viudez no se condicione a que la persona beneficiaria no contraiga nuevas nupcias, forme un concubinato o se encuentre inmersa en una relación que el Derecho reconozca como análoga al matrimonio.
Para su análisis se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal de la iniciativa. También se mandará al Instituto de Seguridad Social del Estado, a la Secretaría de las Mujeres, a la Consejería Jurídica, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 45, a la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a las Asociaciones Sindicales de Trabajadores Administrativos y Personal Académico de la Universidad de Guanajuato, al Supremo Tribunal de Justicia, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Instituto de Acceso a la Información Pública, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado y al Instituto de Investigaciones Legislativas.
Todos los entes consultados contarán con 15 días hábiles para remitir sus comentarios, se habilitará una liga en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Como parte del orden del día se dio seguimiento a dos iniciativas. La primera plantea cambios al Código Penal estatal para incrementar las sanciones penales en el delito de cobranza extrajudicial ilícita, incluyéndose la agravante cuando haya intervención de servidores públicos.
La segunda propone modificaciones al Código Civil, a fin de garantizar que la facultad de conciliar de los Centros de Conciliación Laboral es estrictamente en el ámbito de su competencia, lo que genera seguridad jurídica a los gobernados, y, además, se hace hincapié en la responsabilidad administrativa o penal en que pueden incurrir los servidores públicos del Centro cuando realizan actos administrativos irregulares o incluso delitos.
Para ambas se llevarán a cabo mesas de trabajo el 18 de febrero, iniciando a las 10:00 horas.
Finalmente, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo que buscaba exhortar a la Fiscalía General estatal para que informara sobre las diligencias y actos de investigación que realizó dentro de la carpeta correspondiente a los hechos denunciados relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado (IACIP); y remitiera la fundamentación y motivación que sustentó la determinación de no ejercicio de la acción penal, así como las razones puntuales por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituyen delito.
El congresista David Martínez Mendizábal, quien estuvo presente en la reunión, manifestó que se trataba de un punto de acuerdo por el aumento del salario de personal del IACIP que, dijo, violaba distintas disposiciones. Apuntó que no se estaba pidiendo que se informara toda la investigación, sino que se diera la información pública, la cual están obligados a dar.
Argumentó que la propuesta partía de una preocupación específica porque se hizo mediante procedimientos que se apartaban del proceso que debe seguirse, que quienes votaron por el aumento son beneficiarios de este y que se les descalificaba de inicio como en otros asuntos como el del FIDESSEG.
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas propuso que, a fin de robustecer el dictamen se precisara que el Congreso del Estado, bajo el principio de legalidad, carece de competencia para solicitar información de carpetas de investigación máxime que es información reservada sólo para las partes, y pidió reforzar los argumentos con base en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos al acceso a los registros de la carpeta de investigación, así como respetar el principio de la legalidad.
El congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor se pronunció en contra del archivo por tratarse de un asunto que, dijo, reviste un interés público y social. Resaltó que los hechos que dieron origen al acuerdo no podían reducirse a un tema administrativo o donde se utilicen argumentos contradictorios para minimizar el indebido manejo de los recursos públicos y posible conflicto de interés en decisiones que beneficiaron a quienes las aprobaron desde el IACIP, lo que exigía un análisis amplio y responsable.
Remarcó la determinación de no ejercer acción penal no debe entenderse como el cierre absoluto del tema, ya que la ausencia de responsabilidades penales no elimina la necesidad de claridad, explicación y rendición de cuentas.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano reiteró los principios que pidió su homólogo sobre resaltar el principio de legalidad; y finalmente se sometió a votación el dictamen, el cual fue aprobado con las modificaciones propuestas por el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.