Guanajuato, Gto.- Con el enfoque en la protección de las mujeres y la niñez, la Comisión de Justicia aprobó dos dictámenes de alto impacto social, la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo y la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La primera propuesta, impulsada por las diputadas de la 66 Legislatura, reconoce la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género, distinta a la violencia familiar, en la que el agresor utiliza a hijas e hijos como instrumento para dañar a la madre.
Durante su intervención, la diputada Susana Bermúdez Cano explicó que este tipo de violencia se ejerce contra las mujeres por razones de género y tiene como finalidad romper el vínculo materno-filial para causar un daño emocional profundo.
Subrayó que la violencia vicaria no solo afecta a las madres, sino que vulnera el interés superior de niñas y niños, pues son sometidos a un ciclo de agresiones que puede incluir manipulación, sustracción, amenazas y violencia psicológica. Recordó que, de acuerdo con una encuesta nacional levantada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el 81% de las mujeres víctimas han sido separadas de sus hijas e hijos y el 76% ha recibido amenazas de no volver a verlos.
Mientras que la segunda iniciativa, presentada por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, establece como consecuencia jurídica del delito la inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de quienes reciban sentencia ejecutoriada por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Al hablar a favor, la diputada Jared González Márquez señaló que el registro no debe entenderse como una pena adicional, sino como una herramienta de prevención orientada a evitar la reincidencia y proteger la integridad de la niñez. Explicó que permitirá conocer la idoneidad de personas que busquen colaborar en espacios con menores, cerrando espacios de riesgo y fortaleciendo la garantía de no repetición.
Enfatizó que el debate no debe centrarse en la comodidad jurídica del agresor, sino en la protección efectiva de la niñez. Señaló que el Registro Público no busca ampliar castigos ni vulnerar derechos, sino armonizarlos bajo el principio de protección reforzada que exige la Constitución cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez afirmó que el Registro Público prioriza el interés superior de la niñez y no representa una medida desproporcionada, ya que se trata de personas con sentencia firme. Subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier consideración y que el Estado no puede ser ambiguo cuando está en juego su seguridad e integridad.
Finalmente, también se aprobó el dictamen de la iniciativa del PAN y PRD para establecer en el Código Penal que, en delitos cometidos contra menores de edad, siempre deberá prevalecer el interés superior de la niñez. Al respecto, la diputada Susana Bermúdez destacó que con esta reforma se refuerza la obligación de que toda decisión judicial priorice la protección, seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Con estas aprobaciones, el PAN y PRD reafirman su compromiso con una agenda que coloca en el centro la protección de las mujeres y la niñez, fortaleciendo el marco jurídico estatal con medidas que buscan prevenir la violencia, cerrar espacios de impunidad y garantizar una vida libre de agresiones.