Irapuato.-A cuatro años de la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato-Salamanca, su madre emitió un pronunciamiento público junto con su equipo legal para exigir justicia y que el caso no quede impune, luego de que fuera asesinado por integrantes de la Guardia Nacional, sin razón alguna.
El joven fue privado de la vida el 27 de abril del 2022 por disparos realizados por elementos de la Guardia Nacional, hecho que también dejó heridos a tres estudiantes que lo acompañaban en las inmediaciones de la comunidad El Copal y cerca de la escuela de Agronomía.
La madre del estudiante, Norma Lucía Rangel Sánchez, recordó que todos los jóvenes que iban con su hijo eran universitarios y no superaban los 20 años de edad cuando fueron alcanzados por los disparos efectuados por las fuerzas federales.
Rangel Sánchez sostuvo que no existía motivo para que los elementos federales accionaran sus armas, por lo que pidió que el proceso judicial concluya con sentencias firmes contra los responsables.
La madre solicitó a los medios de comunicación mantenerse atentos al desarrollo del juicio oral que se sigue contra dos elementos de la Guardia Nacional implicados en el caso.
Las audiencias comenzarán el martes 17 de marzo en la capital del estado y podrían extenderse durante varios días o semanas debido a la cantidad de testimonios y pruebas que serán presentadas.
El equipo jurídico informó que durante el juicio comparecerán los sobrevivientes, así como peritos de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General de la República para exponer los hallazgos ante el juez.
También participarán especialistas de la defensa y los propios acusados podrán rendir declaración, tras lo cual el juez deberá determinar si existe responsabilidad penal.
La acusación busca que los dos agentes sean sentenciados por homicidio calificado en agravio del estudiante y homicidio calificado en grado de tentativa contra los tres jóvenes que viajaban con él.
Actualmente uno de los elementos se encuentra en prisión preventiva en una cárcel militar en Zapopan, Jalisco, identificado como Jesús, mientras que el otro acusado, identificado como Iván, enfrenta el proceso en libertad con medidas restrictivas.