Guanajuato, Gto. – El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la finalidad de eliminar la facultad de sugerir las recomendaciones de montos máximos de las remuneraciones de las personas integrantes de los ayuntamientos.
Al hablar en contra, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor defendió la facultad del Congreso del Estado para emitir recomendaciones en materia de remuneraciones municipales, aclarando que estas no vulneran la autonomía establecida en el artículo 115 constitucional, ya que no tienen un carácter vinculante ni obligatorio.
Precisó que dichas recomendaciones parten de una metodología estricta y criterios objetivos, tales como la densidad poblacional, la eficiencia administrativa, la recaudación anual de predial y el contexto macroeconómico, funcionando como un marco de referencia responsable para los 46 municipios de la entidad.
El congresista subrayó que este mecanismo busca evitar que los integrantes de los ayuntamientos perciban sueldos alejados de la realidad financiera de sus demarcaciones e informó que en el ejercicio 2025, 29 municipios se situaron por encima de los montos recomendados, destacando casos como Silao (45%), San Diego de la Unión (74%) y Tierra Blanca (51%).
Finalmente, puntualizó que los ayuntamientos conservan plenamente su facultad para aprobar sus presupuestos de egresos, pero recalcó que el Poder Legislativo tiene la obligación de proveer parámetros técnicos que faciliten una administración eficiente y transparente de los recursos públicos municipales.
Al hablar a favor del dictamen, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que hoy estaban decidiendo si respetaban o no la autonomía municipal, ya que la Constitución federal establece con absoluta claridad que el municipio es libre en la administración de su hacienda pública.
Indicó que eso significa que los ayuntamientos tienen la facultad exclusiva de decidir cómo administrar sus recursos, aprobar su presupuesto de egresos y determinar las remuneraciones de sus integrantes, sin la intervención de otra autoridad.
Afirmó que, el propio dictamen reconoce que esa competencia es exclusiva de los municipios y que cualquier recomendación externa, aun cuando no sea obligatoria, puede interpretarse como una intromisión en su esfera de autonomía.
Tiscareño Agoitia subrayó que no estaban discutiendo si debe haber control del gasto público porque ese ya existe y es robusto, ya que los municipios están sujetos a la ley de disciplina financiera, a la fiscalización de las auditorías, a obligaciones de transparencia y a la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Añadió que además la Carta Magna ya establece que todos los servidores públicos, incluidos los municipales, deben recibir una remuneración adecuada, proporcional a sus responsabilidades y determinada anualmente en su presupuesto. Además, de que ningún servidor público puede ganar más que la persona presidenta de la República
Finalmente, dijo que mantener disposiciones locales que sólo generan recomendaciones sin efectos jurídicos vinculantes no fortalece el control del gasto, sino que, únicamente introduce ambigüedad y puede interpretarse como presión institucional sobre los ayuntamientos.
En rectificación de hechos, Ernesto Millán Soberanes dijo que las recomendaciones que emite el Congreso del Estado de Guanajuato se basan en datos financieros reales y busca promover la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos de los 46 municipios. Aclaró que la autonomía municipal, entendida como la libertad de decisión y aprobación presupuestaria, no se ve vulnerada por estas recomendaciones, ya que funcionan como un mecanismo de transparencia, publicidad y vigilancia ética por parte del Poder Legislativo.
Asimismo, precisó que no existe registro de municipios sancionados por no seguir dichos parámetros y que el propósito fundamental de estas recomendaciones es enviar un mensaje de congruencia y disciplina financiera, asegurando que el gasto en servicios personales de los ayuntamientos sea acorde a la realidad económica y social que vive la entidad.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.