Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía, para que diseñen e implementen una hoja de ruta con metas, indicadores, plazos y mecanismos de evaluación, en atención a las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
Se agrega que debe contemplar el fortalecimiento de regulaciones para el control de sustancias químicas y plaguicidas altamente peligrosos; la implementación de una política nacional orientada a la prevención y reducción de contaminantes, bajo los principios de economía circular y responsabilidad extendida del productor; el robustecimiento de los sistemas de información ambiental, garantizando transparencia, accesibilidad y participación social efectiva; así como el diseño y ejecución de programas integrales de remediación y restauración en zonas con alta carga de contaminación, con enfoque de justicia ambiental y protección de la salud pública.
Al hacer uso de la voz, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla refirió que el pasado 24 de marzo se dieron a conocer las conclusiones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, relativas a la situación de México, que permite identificar os principales riesgos en la gestión de sustancias peligrosas en el país, además de examinar la relación entre política ambiental, salud pública y protección de derechos humanos.
La legisladora indicó que persisten brechas entre el reconocimiento normativo y la eficacia real, por lo que se requiere pasar de un enfoque predominantemente reactivo a uno de gobernanza ambiental anticipatoria, por tal motivo se busca que la protección de los derechos no dependa de que el daño ya se haya consumado, sino de la prevención, la fiscalización, la sanción y el monitoreo oportunos.
La congresista señaló que destaca que la contaminación recae con mayor severidad en comunidades con menor capacidad institucional de defensa y con mayores desigualdades materiales, dejando ver que mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, personas en pobreza, personas mayores y comunidades rurales padecen con mayor intensidad los efectos de la contaminación.
Finalmente, Ortiz Mantilla precisó la necesidad de una coordinación interinstitucional con objetivos compartidos, indicadores verificables y responsabilidades claras, para atender la prevención, la respuesta, la reparación y la evaluación del daño.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.