Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Justicia, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa mediante la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a fin de adaptar el marco jurídico del Estado de Guanajuato con las recientes reformas a nivel federal.
En comentarios generales se destacó que la iniciativa es viable, al resultar necesaria la reestructura del ordenamiento orgánico judicial y debido a los cambios federales se justifica la emisión de un ordenamiento nuevo.
De manera particular, se hicieron observaciones en lo referente a la estructura del ordenamiento y redacción en temas de evaluación socioeconómica; en lo que respecta a la bifurcación de las atribuciones del actual Consejo del Poder Judicial en el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, así como a las prestaciones contempladas para las personas juzgadoras y personas magistradas.
También se recomendó incorporar un artículo explicativo, para aprovechar la oportunidad de realizar ajustes en la referencia al Consejo del Poder Judicial en otros ordenamientos.
Francisco Javier Zamora Rocha, magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, destacó las bondades de las reformas presentadas el pasado 15 de septiembre de 2024.
Habló sobre las atribuciones, responsabilidades y armonizaciones principalmente en lo relacionado a la separación administrativa, la selección cuidadosa y ciudadana, la evaluación técnica de formación judicial integrada por un comité de evaluación, la inclusión de un sistema integral de responsabilidad administrativa, la creación de la unidad investigadora judicial que irá acompañada de una evaluación al desempeño misma que incluye un apartado de faltas graves para magistrados.
Por su parte, Alfredo Villagómez Zavala, juez laboral en Celaya, hizo una petición a los diputados enfocada a garantizar y no violentar los derechos laborales para las personas juzgadoras con antigüedad de entre 5 y 10 años. En ese sentido, dijo que existen entre 25 y 31 personas que tienen un puesto bajo el esquema de concurso por oposición; sin embargo, por su rango de edad no lograrán jubilarse en caso de entrar la nueva reforma judicial.
Sobre el mismo tema, Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, magistrada de la Cuarta Sala civil, solicitó que se pueda desarrollar un cálculo financiero de la misma propuesta y presupuestal de las jubilaciones para dichos trabajadores. Asimismo, externó la preocupación de la temporalidad y la armonización entre la federación y el estado, así como las acciones de anticonstitucionalidad, por lo cual remarcó que la Ley Orgánica del Poder Judicial debe atenderse de manera integral.
La diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que estas nuevas disposiciones aún enfrentan incertidumbre jurídica, al estar impugnadas ante la Suprema Corte, lo que podría impactar su implementación. Pese a ello, subrayó que la propuesta es viable, al definir la estructura del Poder Judicial, los procesos de selección y evaluación bajo criterios de profesionalismo y paridad de género, con el objetivo de dar certeza a la función judicial en el estado.
En su intervención, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas advirtió que no es viable replicar automáticamente disposiciones federales sin resultados claros, ya que esto podría trasladar riesgos institucionales al ámbito local, pues se debe actuar con criterio técnico y prudente, especialmente en los temas donde existe margen de decisión normativa. Asimismo, se subrayó la importancia de escuchar al Poder Judicial, especialistas y operadores del sistema, con el fin de evaluar a fondo las implicaciones antes de realizar cualquier modificación.
En su momento, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que la reforma judicial representa un parteaguas en la vida pública del país, al impulsar la elección de personas juzgadoras y nuevos mecanismos de control dentro del Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que la iniciativa de Ley Orgánica presenta inconsistencias con la Constitución local, particularmente en requisitos de residencia y límites de edad para magistraturas, los cuales podrían resultar inconstitucionales. El legislador propuso armonizar esos criterios con la Constitución federal, para garantizar certeza jurídica y evitar contradicciones en la implementación de la reforma en el estado.
Por último, el congresista David Martínez Mendizábal expresó su respeto a los juzgadores y magistrados en la impartición de justicia, dijo que, ante todo, la iniciativa busca la justicia social para el pueblo guanajuatense, así como mantener las reglas claras de un nuevo modelo de justicia y no de intereses internos.
En la sesión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente), Rolando Fortino Alcántar Rojas y David Martínez Mendizabal.
Además asistieron Francisco Javier Zamora Rocha, magistrado de la Tercera Sala Civil; Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, magistrada de la Cuarta Sala Civil; Luis Alberto Valdez López, magistrado de la Séptima Sala Penal; Lucía Alejandra Mendoza Martínez, jueza de Oralidad Laboral en León; Alfredo Villagómez Zavala, juez laboral en Celaya; Violeta Yelí Meneses Molina, jueza de Oralidad Familiar en Irapuato; María Victoria Hernández Bermúdez, secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Eloy Zavala Arredondo, secretario instructor de la Presidencia, personal de la Consejería Jurídica, de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, de la Unidad de Seguimiento y Análisis Legislativo, Santiago Reyes del municipio de Manuel Doblado y personas asesoras parlamentarias.