Guanajuato, Gto. – Con el objeto de fortalecer el derecho a la vivienda digna, decorosa y asequible, así como el derecho a la ciudad, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la congresista manifestó que, con estas modificaciones, se busca establecer una base constitucional más clara para que Guanajuato avance hacia una política de vivienda con sentido social: más arrendamiento asequible, más suelo público para vivienda, protección del arraigo comunitario y límites razonables a incrementos de renta que no puedan traducirse en desplazamiento económico.
Comentó que, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los retos sociales más relevantes para las ciudades y comunidades del país, no sólo por la necesidad de contar con una vivienda suficiente y habitable, sino también por el encarecimiento del suelo, el aumento de las rentas, la concentración de servicios y oportunidades en determinadas zonas urbanas, y los procesos de renovación o valorización inmobiliaria que pueden desplazar a quienes históricamente han habitado esos territorios.
Aguilar Castillo mencionó que, la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 identificó que el 16.4% de las viviendas particulares habitadas son rentadas, mientras que la medición oficial del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda señala que, en 2024, el 21.9% de las viviendas del país se encontraban en rezago habitacional, a lo que se suma la gentrificación que puede acompañarse del desplazamiento de habitantes de menores ingresos.
Indicó que al estar reconocidos tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la ciudad, resulta necesario fortalecer su contenido para que el Estado y los municipios cuenten con bases constitucionales más claras que permitan proteger el arraigo comunitario, ampliar la oferta de vivienda asequible y evitar que el mercado inmobiliario expulse al pueblo de sus colonias, barrios y comunidades.
La legisladora remarcó que la iniciativa se justifica porque el reconocimiento actual del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad requiere actualizarse frente a nuevas formas de exclusión urbana: aumento de rentas, encarecimiento del suelo, falta de vivienda asequible, presión inmobiliaria y desplazamiento económico.
En ese sentido, comentó que se propone añadir que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos, apoyos y políticas públicas necesarios para alcanzar tal objetivo, procurando incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento social y asequible, así como ampliar de manera permanente la reserva territorial destinada a garantizar este derecho mediante la adquisición de suelo.
De igual manera, establecer que el derecho a la ciudad se entenderá como el derecho de toda persona a habitar y disfrutar ciudades, comunidades y asentamientos humanos justos, incluyentes, seguros, sostenibles y democráticos.
También precisar que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas para proteger el arraigo vecinal y comunitario, y que, en el arrendamiento habitacional, el incremento anual de la renta no podrá exceder la inflación anual del año inmediato anterior reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los términos que establezca la ley.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.