Guanajuato, Gto. – La diputada Maribel Aguilar González, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo dirigido a la gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que a través del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato fortalezca de manera inmediata los mecanismos de supervisión, vigilancia y control en hospitales, clínicas y unidades médicas públicas, a fin de garantizar que ningún procedimiento relacionado con la salud sexual y reproductiva de mujeres y personas gestantes, particularmente la colocación de métodos anticonceptivos durante el parto, cesárea o puerperio se realice sin consentimiento previo, libre, informado, expreso y debidamente documentado.
De igual manera, dé la información desagregada por año, unidad médica, tipo de hecho, autoridad que conoció del caso, estado que guarda el procedimiento, sanciones impuestas y medidas correctivas adoptadas, protegiendo en todo momento los datos personales de las víctimas; e implemente acciones obligatorias de capacitación, evaluación y seguimiento al personal médico, de enfermería, trabajo social y administrativo que interviene en la atención del embarazo, parto, cesárea y puerperio, en materia de derechos humanos, consentimiento informado, violencia obstétrica, autonomía reproductiva, trato digno y perspectiva de género.
Asimismo, establezca o fortalezca mecanismos accesibles, confidenciales y seguros de orientación, queja y denuncia dentro de las unidades médicas, dirigidos a mujeres y personas gestantes que consideren vulnerados sus derechos durante la atención médica, garantizando que dichos mecanismos sean visibles, comprensibles, disponibles en formatos accesibles y con rutas claras de seguimiento.
Finalmente, diseñe e implemente un sistema interno de registro, seguimiento y evaluación de casos relacionados con posibles vulneraciones al consentimiento informado y violencia obstétrica, que permita identificar patrones, unidades médicas con mayor incidencia, medidas correctivas adoptadas y resultados obtenidos, con el propósito de prevenir la repetición de estas prácticas y garantizar una atención médica respetuosa de los derechos humanos; y actualice lineamientos internos específicos sobre consentimiento informado en salud sexual y reproductiva, con formatos claros, lenguaje accesible, registro documental y mecanismos de verificación.
Al hacer uso de la tribuna para presentar las consideraciones de la propuesta, la legisladora afirmó que el consentimiento informado es un elemento esencial en la relación médico-paciente, y que en salud sexual y reproductiva los servicios de planificación familiar no constituyen una facultad discrecional del personal médico, sino un medio para garantizar el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de las hijas e hijos.
Refirió que cualquier intervención sin consentimiento previo, libre e informado constituye una vulneración directa a derechos humanos fundamentales, entre ellos la autonomía, la integridad personal y el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, además de que en situaciones de embarazo, parto y puerperio el Estado debe garantizar condiciones reales para que las decisiones de las mujeres sean respetadas y para que no existan prácticas de inducción, presión o aprovechamiento de la vulnerabilidad.
Asimismo, señaló que la violencia obstétrica puede configurarse por acciones u omisiones del personal de salud que dañen, lastimen o denigren a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, incluyendo la imposición de métodos anticonceptivos, la realización de procedimientos sin consentimiento o la limitación de su capacidad de decisión.
También, comentó que el problema no radica en la ausencia de disposiciones normativas, sino en la falta de garantías efectivas para su cumplimiento, lo que obliga a las autoridades sanitarias a fortalecer los mecanismos de vigilancia, capacitación, rendición de cuentas y atención a quejas, para asegurar que los derechos de las mujeres y personas gestantes no queden únicamente reconocidos en el papel, sino que se respeten plenamente en la práctica cotidiana de los servicios de salud.
Finalmente, Aguilar González externó que la ausencia de datos públicos sobre quejas, procedimientos iniciados, resoluciones emitidas o sanciones aplicadas no solo dificulta dimensionar la magnitud del problema, sino que también limita la capacidad de las instituciones para generar confianza y garantizar que los derechos reconocidos en la normativa vigente se traduzcan en prácticas efectivas dentro de los servicios de salud.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.