Guanajuato, Gto. – Personas diputadas integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de eliminar efectos retroactivos en materia de límites a jubilaciones y pensiones de personas servidoras públicas, así como fortalecer la certeza jurídica y la protección de derechos adquiridos.
La propuesta plantea reformar la fracción II y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 127 constitucional, además del artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
Al presentar la propuesta, el diputado Juan Carlos Romero Hicks argumentó que la disposición transitoria actualmente vigente genera afectaciones a personas jubiladas y pensionadas a quienes se les reconocieron previamente determinados montos de pensión, lo que vulnera el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución federal.
Asimismo, señaló que la medida impacta a miles de familias que organizaron su patrimonio y proyectos de vida con base en prestaciones derivadas de años de servicio público especializado.
Mencionó que la iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la protección de derechos pensionarios adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley, así como resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la tutela efectiva de las prestaciones sociales.
Entre los cambios propuestos, dijo, se encuentra precisar que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración superior a la Remuneración Anual Máxima establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
De igual forma, se propone modificar el artículo transitorio para eliminar la referencia expresa a que las jubilaciones o pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deban ajustarse al nuevo límite, con el objetivo de evitar afectaciones retroactivas a derechos previamente consolidados.
Finalmente, el congresista apuntó que la reforma busca garantizar coherencia entre el texto constitucional, la protección de derechos humanos y el principio de seguridad jurídica, evitando que modificaciones normativas vulneren prestaciones pensionarias ya reconocidas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.