Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal para que realice un análisis integral de las implicaciones que los niveles de producción observados en el mercado internacional, así como la reciente caída del precio internacional del maíz, tienen sobre el ingreso, la rentabilidad y la viabilidad económica de las y los productores del país.
Dicho análisis deberá considerar los mecanismos de transmisión de precios hacia el mercado interno, los efectos regionales diferenciados y su impacto en los esquemas vigentes de comercialización, a fin de contar con elementos técnicos que permitan la adopción oportuna de medidas de política pública orientadas a la protección del sector productor. Asimismo, se estima indispensable que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulse acciones inmediatas orientadas a la protección del productor nacional, tales como el fortalecimiento de los mecanismos de administración de riesgos y de coberturas de precios; el ajuste oportuno de los apoyos a la comercialización; y la coordinación interinstitucional para evitar distorsiones derivadas de importaciones a precios deprimidos.
Estas medidas resultan fundamentales para amortiguar los efectos de la volatilidad internacional, proteger la rentabilidad del sector primario y garantizar condiciones mínimas de certidumbre para quienes producen un insumo estratégico para la alimentación y la estabilidad económica del país.
Al hablar en contra, la diputada Plásida Calzada Velázquez calificó la propuesta como un instrumento político que omite deliberadamente las acciones que el Gobierno de México ya ejecuta en Guanajuato, toda vez que la política agroalimentaria federal para este 2026 se traduce en recursos tangibles.
Agregó, que los apoyos se reflejan en los 44 mil beneficiarios en el programa Producción para el Bienestar, una inversión superior a los 400 millones de pesos en fertilizantes gratuitos y un incentivo específico para la comercialización de maíz blanco de 800 pesos por tonelada.
Finalmente, dijo que el compromiso de la presidenta de la República con la soberanía alimentaria es real y se refleja en proyectos estratégicos como la tecnificación del Distrito de Riego 011 y programas de administración de riesgos, aunado que el campo merece un trato responsable basado en hechos y no en discursos que pretenden presentar como inactividad lo que es una política pública en marcha y con presupuesto asignado.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos manifestó que se enfrentan a una crisis que afecta directamente a las y los productores de maíz en Guanajuato y en todo México. Precisó que la sobreproducción internacional y las importaciones a precios bajos han provocado una caída severa en el valor del maíz, impactando de manera directa la economía de miles de familias que dependen del campo para salir adelante.
Apuntó que esa situación no solo representa un problema comercial, sino una amenaza estructural para la estabilidad del sector agrícola y para nuestra seguridad alimentaria. Agregó que la volatilidad en los precios está generando consecuencias graves en regiones como el Bajío guanajuatense, donde el maíz forma parte de la identidad, la tradición y el sustento familiar.
El congresista subrayó que se ven ingresos cada vez más reducidos, costos de producción que siguen aumentando y una rentabilidad que pone en riesgo la permanencia de las y los productores en sus tierras, lo que también provoca migración forzada, abandono del campo y deserción de jóvenes que ya no encuentran oportunidades en la agricultura.
Finalmente, indicó que de no atenderse de manera integral esta problemática, podrían enfrentar un colapso en la producción de un insumo estratégico para la alimentación nacional y la estabilidad económica del país.
En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal cuestionó la postura de quienes hoy solicitan la intervención estatal, señalándolos como los herederos y promotores del modelo neoliberal que permitió la privatización y mercantilización de los terrenos ejidales.
Externó que la crisis actual en los precios de los granos no es producto de una decisión gubernamental, sino de la dependencia a los mercados internacionales y tratados comerciales que la propia oposición impulsó en el pasado.
Finalmente, criticó que las administraciones estatales hayan priorizado una visión del campo como negocio, favoreciendo a los grandes terratenientes por encima de los pequeños productores que sobreviven con superficies temporales y que bajo la visión actual el maíz es tratado como un bien nacional protegido por el gobierno federal a través de una ruta de planeación clara que busca remediar los desequilibrios estructurales.
En respuesta, el legislador José Erandi Bermúdez Méndez señaló que quien estuvo al frente de CONASUPO durante la administración de Carlos Salinas de Gortari fue el señor Ignacio Ovalle, quien posteriormente fue incorporado por la llamada Cuarta Transformación a SEGALMEX, organismo involucrado en lo que calificó como el mayor desfalco del gobierno de Morena. Agregó que, si bien el precio de los granos se dicta en la Bolsa de Chicago, antes existían los precios de garantía y ahora quienes se benefician son los intermediarios.
También el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor rectificó hechos y enlistó una serie de apoyos que han sido otorgados por parte del gobierno federal al campo.