Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Asuntos Electorales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar siete iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Al iniciar los trabajos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presidente de esta instancia legislativa, apuntó que las propuestas que se revisarán abordan temas relevantes para la vida democrática de Guanajuato, como un nuevo modelo de elección de personas magistradas o juezas integrantes de este Poder Judicial estatal; la digitalización y modernización de procedimientos; reglas de representación política; mecanismos de registro de candidaturas; acciones vinculadas con violencia política y ajustes al sistema electoral local derivados de nuevas necesidades institucionales.
Afirmó que el compromiso como Comisión es construir un análisis serio, abierto y responsable, privilegiando siempre los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad e independencia que rigen la función electoral.
Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia
En primera instancia se abordó la propuesta formulada por las personas diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en materia del Poder Judicial.
De manera general, se comentó que era viable y se dijo que se anunció, por parte de la presidenta de México, un cambio de fecha para el 2028, el examen de oposición, la insaculación, una capacitación permanente y la conformación de un órgano, que es un paso significativo en un modelo que busca implementar la participación ciudadana, pero reconociendo el mérito profesional.
En lo particular se abordaron aspectos como el precisar la integración del Consejo, se debe incluir la infracción relativa a la violencia política por razón de género, establecer un catálogo de medidas cautelares para evitar otros actos mediante el procedimiento, establecer una limitante al proceso especial sustanciador, la creación del régimen específico para el proceso judicial, la regulación especial de campañas, el establecimiento del Comité de Evaluación, que no es viable cambiarle la denominación al órgano garante de control, no resulta del todo conveniente la incorporación de violencia política porque desdibujaría el relativo a la violencia política por razón de género, por lo que se debe mantener éste último.
La diputada Susana Bermúdez Cano consideró que es una iniciativa que resulta convencionalmente compatible, es armónica con el sistema nacional electoral, técnicamente viable y fortalece la tutela de los derechos políticos electorales. Asimismo, dijo robuste el mecanismo de control jurisdiccional, incrementa la certeza y seguridad jurídica, por lo que existen elementos jurídicos suficientes para su sostenibilidad.
Añadió que, si bien existen retos como el periodo en el proceso especial sustanciador y el concepto de violencia política de género, lo que se vea a nivel nacional con la reforma anunciada dará pauta para otros ajustes.
Por su parte, la congresista María Eugenia García Oliveros insistió en aspectos relativos a las infracciones de personas servidoras públicas, con el objeto de garantizar elecciones más equitativas en la entidad; incluir la participación ciudadana en el procedimiento de selección que realice cada Comité; e incluir que en las constancias que se emitan a las personas magistradas del Tribunal de Disciplina se incluya que son quienes obtuvieron el mayor número de votos.
En su oportunidad, el legislador David Martínez Mendizábal centró su intervención en lo correspondiente a la violencia política de género y se sumó a las consideraciones de los presentes, al señalar que no debe ser eliminado; que la visión debe ser interdisciplinaria, que no pasa nada por que se legisle; que si se legisla así la violencia política de género pasará a ser una nota al pie de página de algo que es sustantivo; y no contar con ello violenta los derechos de las mujeres.
La diputada María del Pilar Gómez Enríquez refirió que la propuesta representa un esfuerzo de armonización legislativa frente al nuevo modelo constitucional; que se busca brindar certeza, operatividad y reglas claras a las instituciones; se integran procesos claros para la integración de candidaturas judiciales; que la mesa enriquece el análisis y permite construir consensos; y pidió respaldar la iniciativa porque se estará privilegiando la certeza jurídica, el fortalecimiento institucional y la responsabilidad con Guanajuato como personas legisladoras.
Listas de representación proporcional
Posteriormente, se analizó la iniciativa en materia de listas de representación proporcional para diputaciones locales sean encabezadas por mujeres. De manera general se habló de que de aprobarse la iniciativa y conforme al mecanismo legalmente establecido para llevar a cabo el ajuste paritario, es posible que éste no pueda realizarse al partido político que haya obtenido la menor votación, debido a que, por regla general, la primera adjudicación de diputaciones por el principio de representación proporcional correspondería a una fórmula integrada por mujeres.
Asimismo, se precisó que la propuesta puede afectar la paridad de género y las acciones afirmativas, así como los derechos de los partidos políticos.
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que se plantean diversas preocupaciones de técnica legislativa, incide en la facultad institucional de los partidos políticos, que se corre el riesgo de desnaturalizar el principio de representación proporcional, que la reforma no atiende de fondo la igualdad sustantiva, por lo que, entre otras cosas, la consideró inviable.
Eliminar que personas candidatas a las presidencias municipales integren lista a regidurías
En un tercer momento se abordó la propuesta en materia de eliminar que un candidato a presidencia municipal pueda integrar lista a regiduría. Al respecto se dijo por un lado que no vulnera el principio de igualdad, que la derogación propuesta podría traducirse en una modificación regresiva, mientras que también se indicó que si se aprueba se eliminaría al antinomia que refiere que ninguna persona puede registrarse por dos cargos de elección popular.
Además, se apuntó que ya es un derecho adquirido, que si se pretende derogarlo tiene que estar atento al principio de progresividad, que la figura prevista no constituye un privilegio indebido ni una ventaja injustificada, y que atenta contra el principio de no regresión.
En su oportunidad, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que la eliminación implicaría una restricción injustificada al acceso a cargos políticos y una modalidad legítima reconocida en el sistema mexicano, que no genera inequidad material, que la propuesta resulta deficiente desde la técnica normativa, que debilita el principio de representación proporcional, entre otros aspectos.
Simplificación de requisitos documentales
En cuanto a la iniciativa que busca la simplificación de requisitos documentales para el registro de candidaturas, al sustituir la copia certificada del acta de nacimiento, por copia simple; eliminar la constancia de inscripción en el padrón electoral; mantener la constancia de residencia únicamente como requisito excepcional cuando el domicilio señalado en la solicitud no coincida con el asentado en la credencial para votar; así como incorporar la posibilidad de registro en línea de candidaturas como mecanismo complementario de gestión administrativa, se comentó la pertinencia de conservar la redacción actual, al brindar mayor certeza para ocupar esos cargos públicos.
Asimismo, se precisó que se debe especificar la autoridad certificadora, reducir el término, que modificarlo no garantiza la certeza de las candidaturas.
En su oportunidad, la congresista Susana Bermúdez Cano comentó que la certificación de documentos públicos genera mayor certeza y fuerza probatoria, que esté incluida en el padrón electoral da la información de que no está en ningún proceso que le impida la contienda, genera mayor carga administrativa en lugar de disminuirla, carece de soporte presupuestal y técnico suficiente, por lo que no acompañaba la propuesta.
Violencia política en razón de género
También dialogaron sobre la iniciativa en materia de medio de impugnación específico para los casos de violencia política en razón de género. Al profundizar en la propuesta se habló sobre verificar el alcance de un medio de impugnación, revisar los supuestos que pretenden agregarse como actos de violencia política en razón de género, analizar los supuestos de procedencia, verificar el ámbito de actuación del Tribunal Estatal Electoral porque puede exceder el ámbito de competencia, que lo que se pretende regular con la propuesta ya se encuentra regulado a través de otros medios de defensa o denuncia, que ya existe regulación suficiente para defender los derechos políticos de las mujeres y medios de defensa.
Por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas se indicó que es un tema estrictamente normativo y actualmente ya se prevé en el presupuesto general de egresos recursos para el Tribunal Estatal Electoral que contaría con la estructura para llevar a cabo el tema, en caso de que se aprobara.
En su participación, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que aunque la iniciativa persigue un tema legítimo, presenta deficiencias estructurales que la hacen técnicamente inviable, porque la creación de un nuevo juicio genera duplicidad normativa, invade competencias y puede generar conflictos procesales, por lo que no es viable.
Financiamiento a partidos políticos
La propuesta tiene como finalidad multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 20%, no por el 40% actualmente previsto, esto es, disminuir la mitad del financiamiento público que actualmente se otorga a los partidos políticos. Sobre ésta, se dijo, que hay libertad configurativa por parte del Poder Legislativo, por lo que no había comentarios.
El diputado David Martínez Mendizábal apuntó que es un reclamo ciudadano la austeridad, el cual es importante atenderlo y se debe disminuir progresivamente ese recurso con el ámbito de generar militancias comprometidas y destinarlo a acciones sociales más apremiantes; mientras que, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que el financiamiento es una garantía para el sistema democrático, que no es una prerrogativa discrecional sino un mecanismo para fortalecer la vida democrática, garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral y prevenir la intervención de los recursos ilícitos.
Añadió que la propuesta no acompaña estudios objetivos que permitan identificar el impacto real de la reducción presupuestal, las afectaciones operativas a los partidos políticos, las consecuencias en actividades ordinarias y en rubros específicos, tampoco se incorpora un análisis comparativo con respecto a estándares nacionales y existe riesgo de debilitamiento institucional del sistema democrático local, por lo que no estaba de acuerdo con la propuesta.
Crear la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en razón de género
Finalmente, se revisó la propuesta que busca que la defensoría especializada se adscriba con independencia y recursos propios en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y su actividad principal sería ofrecer una representación jurídica, asesoría y orientación a las mujeres que lo soliciten.
De manera general se comentó que no se establecen actividades específicas de la persona titular, evitar redundancias normativas, reordenar la estructura de la sección propuesta, que genera un impacto presupuestal de más de 3 millones de pesos, entre otros aspectos.
El diputado David Martínez Mendizábal indicó que al parecer todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres tiene que traspasar distintas barreras, independientemente del grupo parlamentario del que venga.
Finalmente, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que las opiniones, observaciones y propuestas expresadas serán analizadas por esta Comisión como parte del proceso legislativo correspondiente; y reiteró su compromiso con la construcción de normas electorales sólidas, modernas y acordes con los principios democráticos y constitucionales que rigen la vida pública de Guanajuato, para concluir anunciando que se presentará un dictamen en la siguiente reunión de la Comisión.
Asistieron las personas diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Susana Bermúdez Cano, David Martínez Mendizábal, María Eugenia García Oliveros, Rodrigo González Zaragoza, María del Pilar Gómez Enríquez, María del Pilar Gómez Enríquez y Jesús Hernández Hernández.
En las mesas de trabajo participaron representantes de la Consejería Jurídica, del Supremo Tribunal de Justicia, del Instituto Electoral del Estado, del Tribunal Estatal Electoral, representantes de los partidos políticos, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.