Guanajuato, Gto. – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen relativo a dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, que plantean la armonización legislativa derivada de recientes reformas federales en materia político-electoral y de racionalización del poder público, con el propósito de fortalecer los principios de imparcialidad, legalidad, eficiencia institucional y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Con estas reformas se fortalecen los mecanismos de organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado; se armonizan disposiciones locales con las recientes reformas constitucionales federales en materia político-electoral; se refuerzan los principios de imparcialidad, legalidad y responsabilidad en el ejercicio del servicio público; se actualizan disposiciones relacionadas con el uso de recursos públicos y la actuación institucional en contextos electorales; y se dota de mayor certeza jurídica y eficiencia al marco normativo que regula al Poder Legislativo estatal.
Mismo trámite tuvo el dictamen de la solicitud de la ciudadana Gloria Santibáñez Becerra donde solicita la revocación de mandato de las personas integrantes del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, por el desvío de dinero o recursos para el pago de la indemnización por expropiación, en el cual se declara inatendible la solicitud y se ordena su archivo definitivo.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se dio cuenta de tres iniciativas y se aprobaron las metodologías de análisis. La primera, plantea reformas a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de garantizar atención médica prioritaria, inmediata, continua e integral para víctimas directas, indirectas y potenciales vinculadas con hechos de desaparición o no localización de personas.
Para su análisis se remitirá a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Gobierno, a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a madres buscadoras y a colectivos de búsqueda. Además, se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestario.
La segunda propone ajustes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que el sueldo de la persona titular del Poder Ejecutivo sea el referente salarial máximo desde una concepción de remuneración anual máxima, a efecto de dignificar la teleología del servicio público.
En este caso, se enviará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Gobierno, a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución, a los 46 ayuntamientos y al Instituto de Seguridad Social del Estado; y se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto socioeconómico y presupuestario.
La última, es una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato con el objeto de establecer expresamente la gratuidad de la educación impartida por la máxima casa de estudios de la entidad. Al respecto, se acordó remitirla a la Universidad de Guanajuato, a la Consejería Jurídica y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, así como a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para la realización de un estudio de impacto presupuestario.
Todos los entes consultados contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios; se habilitarán, por el mismo periodo, ligas en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Mismo trámite tuvo el punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión para que realicen las acciones jurídicas necesarias a fin de corregir las disposiciones relativas al límite de jubilaciones y pensiones previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente, los efectos retroactivos derivados del artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, al estimarse que resultan incompatibles con los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, progresividad de los derechos humanos y protección de derechos adquiridos en materia de seguridad social.
Finalmente, se dio cuenta con el Protocolo para la implementación del proceso de consulta previa, libre informada, culturalmente adecuada y de buena fe a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guanajuato, respecto a la iniciativa en materia de la reforma a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el Estado de Guanajuato.
En el apartado de asuntos generales, el congresista Juan Carlos Romero Hicks se refirió a la iniciativa anunciada por la presidencia de la República en materia judicial, relativa al cambio de la fecha a junio de 2028, el proceso y la dictaminación en lo local.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros, Rocío Cervantes Barba y María Isabel Ortiz Mantilla, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.