Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Justicia, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma al Código Civil estatal, creación e la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato; así como de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con el objetivo de establecer medidas para que las personas acreedoras de alimentos los reciban y generar mecanismos de inhibición para quienes evaden su responsabilidad alimentaria.
Al presentar la propuesta, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco comentó que busca garantizar el interés superior de la niñez en materia de cumplimiento de las obligaciones alimenticias de sus tutores. Agregó que presenta diferentes aristas en otros ordenamientos. Precisó que, entre otras cosas, se busca trasladar el registro de deudores alimentarios al Registro Civil.
De manera general se comentó que era viable la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que se regule la inclusión y exclusión del registro al garantizar el derecho de audiencia y les permita controvertir su inscripción y cancelar cuando se cumpla, que el hecho que el Registro Civil lleve el registro puede hacer más eficiente el sistema; que con las reformas se permite una coordinación más efectiva entre autoridades; respeta las garantías de audiencia y contribuye a respetar las garantías de derecho a alimentos.
Por otro lado, se dijo que algunos de los considerados se encuentran ya regulados en normas vigentes, por lo que, de avanzar, se tendrían que analizar a detalle; que se debe valorar si es pertinente poner a cargo del Registro Civil, el registro de deudores cuando ya se encuentra operando y funcionando; que generar un procedimiento independiente al juicio del cual derivaron las obligaciones, con una ley autónoma tendría mayor inversión de tiempo para los promoventes de este nuevo procedimiento, en demerito del derecho de acceso a la justicia, aunado a que habría que valorar si no se está legislando en materia procesal, tomando en cuenta además que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Nacional.
Se añadió que impedir que quien se encuentre en el multicitado registro pueda obtener licencias y permisos de conducir, incluso en el segundo ordenamiento se propone estén impedidos para participar en procedimientos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos o servicios; debe tomarse en consideración que el limitar como se propone, puede redundar en que el deudor alimentario sea incapaz de acceder a una forma de trabajo y con ello se le estaría coartando el poder cumplir de forma adecuada con su obligación de proveer alimentos, entre otros aspectos.
La diputada Susana Bermúdez Cano resaltó que se han hecho diversos esfuerzos en la materia y se ha dejado claro que no se pueden restringir derechos. Indicó que, en términos generales, se coincide con lo expuesto, que no se cuenta con un estudio de impacto presupuestal y que se debe analizar la posibilidad de restricciones.
Por su parte, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que los datos contenidos en la iniciativa son proporcionados por la autoridad, que existen 17 estados que cuentan con el citado registro y en su mayoría son operados por el Registro Civil.
Finalmente, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor agradeció a los presentes su participación y aportaciones, las cuales comentó que ayudarán al proceso de dictaminación.
En los trabajos estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano y Sandra Alicia Pedroza Orozco, así como los congresistas Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rolando Fortino Alcántar Rojas.