Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, reestructurar las instancias del Tribunal de Disciplina Judicial, regular los procesos de evaluación, postulación y elección de personas magistradas y juzgadoras en la entidad, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, soberanía nacional y establecer el derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente.
En los cambios se contempla que toda persona tiene derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente, junto a la ampliación del catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, al incorporarse el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, la extorsión, el robo a casa habitación, el uso indebido de programas sociales con fines electorales, la corrupción en la modalidad de enriquecimiento ilícito y las conductas tipificadas en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
También se añade que respecto a la soberanía del Estado, no se aceptarán intervenciones, intromisiones o cualquier acto proveniente del exterior que sea lesivo de la integridad e independencia; en las facultades del Congreso del Estado se reduce el plazo para intervenir en la autorización de las licencias a más de un mes y se señala que deberán otorgarse de manera debidamente justificada y abriendo la facultad de concederlas sin goce de sueldo.
Se indica que cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado; se elimina la intervención del Supremo Tribunal de Justicia como instancia de revisión de las resoluciones del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado o una Comisión Unitaria; que las personas Magistradas que aspiren a un cargo de elección distinto al que ostenten deberán separarse del cargo mediante renuncia expresa e irrevocable; y se precisa que la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial.
Asimismo, se elimina la exigencia de presentar un ensayo de tres cuartillas y cinco cartas de recomendación, así como la verificación directa de conocimientos dentro de esa fase inicial y se agrega que los mecanismos de evaluación y selección deberán ser de carácter paritario desde el origen; se modifica de forma sustancial la estructura del proceso al crear una nueva Comisión Coordinadora, integrada por las personas coordinadoras de los tres Comités de Evaluación de cada Poder, misma que asume la responsabilidad de verificar los requisitos legales, definir metodologías y exámenes homologados, y emitir los acuerdos regulatorios, dejando a los Comités la tarea de seleccionar a las personas mejor evaluadas bajo esos criterios unificados.
La reforma reducen los números de la preselección y selección final, pasando de un listado inicial de seis a cuatro personas mejor evaluadas, y ajustando la depuración por insaculación de un número indeterminado a solo dos personas por cargo; se robustece la regla de paridad de género al exigir que se garantice de manera obligatoria tanto en la lista previa a la insaculación por materia y territorio, como en el listado final resultante; y se detallan las reglas precisas de postulación de cada Poder, precisando que la Gubernatura postulará por el Ejecutivo, el Pleno del Congreso requerirá mayoría calificada de dos terceras partes por el Legislativo, y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia decidirá por mayoría de votos por el Judicial.
Los cambios añaden que las autoridades electorales no podrán modificar los resultados de la elección ni la asignación de cargos una vez que abra el primer periodo ordinario de sesiones y las personas electas hayan tomado protesta; para poder ser electa la persona juzgadora deberá haber residido en el Estado durante un año anterior al día de la publicación de la convocatoria; y finalmente se modifica la integración del Sistema Estatal Anticorrupción en el que se agrega la presencia del Tribunal de Justicia Administrativa.
Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Carlos Romero Hicks destacó el intenso trabajo parlamentario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a través de más de 30 mesas de análisis en parlamento abierto y precisó que la Constitución no es un documento estático, sino un pacto vivo entre generaciones, y que toda reforma profunda debe responder afirmativamente a tres preguntas esenciales: si amplía derechos, si limita el poder y si une al Estado.
Añadió que los cambios contemplan diversos pilares que estructuran la reforma constitucional local, pues se armoniza el marco local con las disposiciones nacionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para brindar certeza jurídica; se quita de la norma el requisito de cinco años de residencia efectiva, la facultad del Pleno del Tribunal para revisar en segunda instancia las resoluciones de disciplina judicial y la presidencia de tres años.
Asimismo, el congresista dijo que se establecen las bases para procedimientos de selección públicos, abiertos, transparentes, paritarios e inclusivos mediante comités de evaluación y difiere el calendario de la elección judicial local al primer domingo de junio de 2028.
También, mencionó que se eleva a rango constitucional el derecho a la educación para el cuidado del medio ambiente; se da cumplimiento a la armonización federal al incorporar el delito de extorsión dentro del catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa y se reafirma la integración de cláusulas de salvaguarda en estricta concordancia con el principio de soberanía y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al hablar a favor del dictamen, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que ha habido una reducción en el delito de extorsión, lo que es un avance importante y habla de que se ha dado una respuesta a las familias y comerciantes lastimados en la confianza para emprender y trabajar.
Afirmó que cada reducción significa que hay familias y negocios que pueden recuperar la tranquilidad, por ello entre las modificaciones se actualiza, dijo, la extorsión y se incluye al catálogo de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa.
Añadió que también se incluyen modificaciones a la elección judicial dado que la reforma federal cambió el calendario y estableció una nueva jornada para elegir a las personas jugadoras al 2028.
Contreras Guerrero precisó que se corrige la integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción reincorporando a la persona representante del Tribunal de Justicia Administrativa.
Además, externó que se incorpora una reforma en materia de Soberanía Nacional que establece la no aceptación en México de intervenciones o injerencias extranjeras que afecten la independencia el territorio y los procesos democráticos; y se fortalece la protección del medio ambiente como parte del derecho a la educación en Guanajuato.
Por su parte, la congresista Rocío Cervantes Barba indicó que las reformas planteadas fortalecen la confianza ciudadana al dotar de mayor certeza y claridad a los procesos judiciales y administrativos, estructurando una visión de Estado donde la justicia, la sustentabilidad y la eficiencia operativa son pilares de un mismo proyecto democrático.
Asimismo, realzó la incorporación de disposiciones de protección ambiental que buscan equilibrar la preservación de los recursos naturales como un compromiso ético con las futuras generaciones, así como el fortalecimiento institucional que optimiza la coordinación entre autoridades, evitando duplicidades burocráticas para garantizar que las políticas públicas impacten de manera directa en la población.
Por último, afirmó que la adición de la extorsión al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa envía un mensaje claro de respaldo a la ciudadanía, dotando al Estado de herramientas efectivas para proteger la dignidad y el patrimonio colectivo frente a quienes recurren a la amenaza y al miedo.
En su oportunidad, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que el dictamen incorpora a la Constitución local modificaciones a asuntos relacionados con el medio ambiente, la extorsión y la reforma judicial.
Precisó que, en materia de extorsión, el cambio deriva de la reforma del artículo 19 de la Constitución federal, que obligó a las entidades federativas a realizar los ajustes para atender la extorsión bajo un mismo marco en todo el país.
En cuanto a la reforma en materia judicial, el legislador señaló que, entre otras cosas, modifica el procedimiento para seleccionar candidaturas; los Comités de Evaluación deberán revisar con más detalle los conocimientos técnicos, trayectoria, honestidad y buena fama; se declaró inválido el retiro obligatorio a jueces y magistrados a los 75 años, entre otros aspectos.
La legisladora Susana Bermúdez Cano fundamentó que se busca dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la armonización ante las adecuaciones de la Constitución Federal en materia judicial y sostuvo que el dictamen se consolidó mediante un ejercicio de profunda responsabilidad para salvaguardar la tutela jurisdiccional efectiva en el estado de Guanajuato.
Destacó la conveniencia técnica de aplazar el proceso electivo local al año 2028, con el objetivo de desfasarlo de las elecciones de cargos de representación popular ordinarios, evitando la saturación logística y garantizando un tratamiento diferenciado en la emisión y cómputo de boletas.
Asimismo, destacó la ratificación de mecanismos estrictos de profesionalización e idoneidad basados en la capacidad técnica, el mérito, la trayectoria y la formación académica especializada para cada aspirante.
También, enfatizó que los criterios detallados, las metodologías objetivas y el seguimiento imparcial de resultados se desarrollarán de forma prioritaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial dentro de la Comisión de Justicia, concluyendo que esta reforma sienta las bases de un Poder Judicial moderno, sólido e independiente que garantice la confianza de la ciudadanía.
Al hacer uso de la tribuna, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla indicó que en el dictamen se incluye un aspecto fundamental para definir el futuro de Guanajuato, dos temas que se vuelven prioritarios, el tema educativo y el tema medioambiental, porque al fin se le está dando la importancia que merece a la educación ambiental.
Subrayó que la educación ambiental es la herramienta fundamental para sembrar conciencia y transformar los hábitos, pero, sobre todo, es la mejor manera de construir el futuro sostenible en el estado.
Ortiz Mantilla puntualizó que, al incluir el derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente, se da la pauta para atender una realidad urgente como lo es el cambio climático y se incluye esa visión de que el proceso educativo sea un proceso integral y contar con la posibilidad de formarse verdaderamente en la educación ambiental desde las primeras generaciones.
Afirmó que se busca fomentar las capacidades cívicas, fortalecer la corresponsabilidad social y, sobre todo, robustecer las decisiones de todas y todos para que, de manera real, se incorporen criterios de sostenibilidad, de racionalidad y de cuidado intergeneracional.
Finalmente, enfatizó que con estos cambios la educación ambiental se considera como un eje transversal de la política pública y queda establecido como un mandato constitucional que haya una corresponsabilidad social y se logre coherencia entre la política educativa y la política ambiental.
El diputado Rolando Fortino Alcantar expresó que la incorporación del delito de extorsión al catálogo de prisión preventiva oficiosa demuestra que el combate a este ilícito es un asunto prioritario de Estado que trasciende colores partidistas y mencionó que la extorsión es una de las conductas que más lesionan a las familias, al pequeño comerciante y a los trabajadores.
Aclaró que el alcance de la propuesta es estrictamente constitucional y de armonización vertical, por lo que no pretende configurar un tipo penal local, definir modalidades ni fijar sanciones, además de explicar que el proyecto adecua la Constitución local al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma incluyó expresamente a la extorsión entre las hipótesis que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, externó que resulta indispensable eliminar cualquier discrepancia en el texto local para brindar plena certeza y claridad en una materia que incide directamente en la libertad personal, aunado a que la prisión preventiva por sí sola no resuelve la problemática, por lo que su eficacia debe acompañarse de investigaciones sólidas y del fortalecimiento continuo de las fiscalías.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.