Guanajuato, Gto. – La Comisión de Seguridad Pública realizó tres mesas de trabajo para analizar diversas iniciativas en materia de salud mental de las personas integrantes de las instituciones policiales y la función investigadora de las instituciones policiales.
Salud mental de las personas integrantes de las instituciones policiales
El primer análisis correspondió a la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato, a fin de fortalecer la protección de la salud mental de las personas integrantes de las instituciones policiales, contribuyendo a reducir los efectos derivados de la exposición permanente a eventos traumáticos, estrés ocupacional y otros riesgos psicosociales propios de la función.
Las y los participantes en la mesa de trabajo coincidieron en la viabilidad técnica y la relevancia social de fortalecer la atención a la salud mental de los cuerpos policiales dentro de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, reconociendo que la función de seguridad implica una continua exposición a eventos traumáticos, estrés operativo y jornadas extenuantes.
Se destacó que cuidar la salud emocional del personal de seguridad representa un pilar de salud ocupacional y eficiencia institucional, además de que el ISAPEG ratificó que cuenta con infraestructura de atención psicológica en los 46 municipios articulada en tres niveles de atención, programas especializados y la línea de apoyo emocional “Estoy Contigo” disponible de forma continua; se advirtió la inviabilidad de exigir que los 33 municipios con menos de 100,000 habitantes instalen unidades internas con personal especializado propio, por lo que se propuso canalizar las necesidades operativas a través de la red del sector salud y establecer esquemas de coordinación interinstitucional, alineando las reformas con el Presupuesto Basado en Resultados y las Normas Oficiales Mexicanas NOM-035-STPS-2018 y NOM-030-STPS-2009 sobre factores de riesgo psicosocial.
También, se subrayó la necesidad de perfeccionar la redacción de la iniciativa para evitar la duplicidad normativa con disposiciones vigentes de la ley estatal de seguridad o los ordenamientos de la policía estatal; se dijo que la legislación no debe imponer una obligación genérica o punitiva de someterse a tratamiento, sino estructurar un proceso respetuoso que abarque la prevención, evaluación inicial, canalización oportuna, seguimiento especializado y reintegro laboral sin generar estigmatización o represalias operativas.
Finalmente, se sugirió revisar esta propuesta en conjunto con el paquete de iniciativas de armonización con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incorporar los lineamientos del Modelo Nacional de Unidades de Investigación Criminal, el cual mandata servicios gratuitos, permanentes y especializados en salud mental, evaluaciones periódicas, capacitación continua y protocolos para la intervención en crisis tras operativos o eventos de alto impacto.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas indicó que los exámenes de control y confianza no solo evalúan la aptitud policial, sino que ya incluyen una valoración psicológica, donde el verdadero reto radica en los procesos internos de las corporaciones para dar un seguimiento oportuno y efectivo a dichos resultados, además de advertir que la cobertura de salud mental depende del régimen laboral de cada corporación.
En su interpretación, la legisladora Susana Bermúdez Cano señaló que la propuesta busca garantizar la confidencialidad de los procesos terapéuticos para proteger a los elementos policiacos de etiquetas, estigmas o marginación operativa que sumen presión a las exigencias diarias de su labor, además de plantear la realización de al menos cuatro foros regionales para escuchar de primera mano las capacidades, avances y necesidades operativas de los municipios, asegurando así un andamiaje legal viable, progresivo y efectivo.
Por su parte, el congresista Alejandro Arias Ávila coincidió en la necesidad de estructurar una atención integral e individualizada, subrayando la diversidad de realidades entre los municipios de la entidad, situación que exige trazar una hoja de ruta clara que aproveche la capacidad de todo el aparato estatal y agregó que la alta carga laboral y el estrés operativo ha intensificado problemas graves como infartos, derrames cerebrales, cuadros severos de depresión, ansiedad, conductas agresivas hacia la ciudadanía o la familia, e incluso el suicidio entre los integrantes de las instituciones de seguridad.
Función investigadora de las instituciones policiales
La siguiente propuesta correspondió a la que busca modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a fin de fortalecer la función investigadora de las instituciones policiales y contribuir a la pacificación de la entidad y al combate a la violencia.
Las y los representantes de las dependencias estatales reconocieron la viabilidad constitucional de dotar a las instituciones policiales de facultades para la investigación de los delitos, en consonancia con la reforma a la Constitución Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se precisó que la propuesta incluye normas que replican o invaden el Código Nacional de Procedimientos Penales y facultades exclusivas del Congreso de la Unión; y se recomendó estudiar esta iniciativa de manera conjunta con la enviada por la Gobernadora del Estado; y se insistió que ante el volumen de reformas federales y la reestructuración operativa en la entidad, la mejor vía técnica es valorar la emisión de una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas manifestó coincidencia general con la intención y los motivos de la iniciativa, destacando que su contenido se alinea con diversas propuestas en análisis, por lo que respaldó la posibilidad de acumularlas en un proceso dictaminador conjunto.
Agregó que la reestructuración orgánica de la Secretaría de Seguridad y Paz y la puesta en marcha del nuevo modelo de investigación policial en la presente administración estatal están generando hallazgos operativos sobre la marcha, por lo que reiteró la apertura de la comisión para brindar las herramientas legislativas necesarias, adecuando o eliminando normas que limiten el trabajo y fortaleciendo la efectividad en el combate a la delincuencia.
En su intervención, el legislador Alejandro Arias Ávila destacó que el tema de la seguridad pública ofrece amplias áreas de oportunidad y genera una preocupación generalizada, por lo que respaldó la necesidad de realizar un análisis consolidado entre las distintas propuestas presentadas y agradeció las valiosas aportaciones de los asistentes, subrayando que extraer lo mejor de cada iniciativa permitirá consolidar un producto legislativo sólido que fortalezca directamente a los órganos operadores de la seguridad en Guanajuato.
Atención psicológica permanente para personal policial
La tercera mesa de trabajo discutió la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con el objetivo de reconocer y garantizar la atención psicológica permanente, preventiva, periódica, especializada y confidencial para las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Se respaldó la visión humanista y el principio de progresividad de la iniciativa para garantizar la salud mental de las corporaciones; se señaló que los servicios estatales ya cuentan con programas de prevención, difusión e infraestructura en salud mental; se sugirió diseñar protocolos específicos de remisión y canalización hacia la red de salud para garantizar atención integral médica sin duplicar cargas administrativas; se instó a realizar una consulta previa a los ayuntamientos para evaluar sus capacidades presupuestales y acordar un esquema de implementación progresiva, respetando la autonomía municipal, y se destacó la importancia de garantizar la estricta confidencialidad de los expedientes terapéuticos en el marco de la protección de datos personales.
Se añadió que la solicitud o recepción de atención psicológica jamás debe detonar consecuencias laborales, administrativas o de permanencia, ni confundirse con las evaluaciones de control y confianza; se pidió regular la salud mental en un capítulo o apartado independiente dentro de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, en lugar de englobarlo únicamente como una prestación complementaria para mantener consistencia con otros rubros como becas o gastos funerarios; se recomendó clarificar si la cobertura se dirigirá exclusivamente a las policías o si se extenderá a todas las instituciones del sistema, como lo son fiscalías y centros penitenciarios; y se aconsejó acumular esta propuesta con la iniciativa previamente analizada por su similitud.
Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó su total acuerdo en que las iniciativas se dictaminen de manera conjunta dada su naturaleza complementaria, reiterando la entera disposición para participar activamente en el proceso de dictaminación y atender cada una de las observaciones técnicas expresadas por las dependencias, aunado a que el proyecto original contemplaba un régimen transitorio para los ajustes reglamentarios pertinentes, coincidiendo en la conveniencia de precisar la emisión de protocolos específicos de actuación.
Finalmente, externó que, si bien se contempla una suficiencia presupuestal de carácter progresivo tanto para el Estado como para los ayuntamientos, la inversión en salud mental no debe catalogarse como un gasto sino como una prioridad estratégica indispensable, capaz de salvaguardar los derechos de los elementos policiacos y de actuar como un mecanismo de prevención clave para evitar desenlaces fatales dentro de las corporaciones.
En su intervención, el legislador Alejandro Arias Ávila advirtió que al impactar de manera simultánea diversos ordenamientos y lineamientos normativos se corre el riesgo de generar duplicidad de funciones o de obligaciones para las instituciones y enfatizó que debe prevalecer el consenso político e institucional al compartir una misma lógica y prioridad centrada en la seguridad pública y el bienestar de los cuerpos policiacos de la entidad.
Concluyó agradeciendo la participación de los asistentes y subrayó que estas mesas de trabajo prefiguran la construcción de un producto legislativo sólido y robusto, capaz de atender con eficacia la salud mental de las fuerzas de seguridad mediante una inversión pública plenamente justificada por sus profundos impactos positivos.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Sandra Alicia Pedroza Orozco; así como los diputados Alejandro Arias Ávila y Rolando Fortino Alcantar Rojas; también se contó con la asistencia de representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; de la Fiscalía General del Estado; de la Secretaría de Salud; de la Secretaría de Seguridad y Paz; asesores de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.