Guanajuato, Gto. – La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de fortalecer la equidad y la imparcialidad en las contiendas electorales, mediante medidas para prevenir el uso de programas sociales con fines político-electorales.
Al hacer uso de la tribuna, la congresista señaló que el sufragio debe ser una expresión libre de la voluntad ciudadana, sin presiones, amenazas, condicionamientos o injerencias externas que alteren la decisión de las personas electoras.
Indicó que la creación, modificación y operación de programas sociales durante los procesos electorales requiere medidas que impidan su utilización como instrumentos de propaganda gubernamental o mecanismos de presión sobre la ciudadanía.
La legisladora expuso como antecedente la elección de 2024 en Guanajuato, en la que, de acuerdo con sus argumentos, se registraron incrementos en los recursos destinados a programas sociales, así como su promoción en el contexto electoral. Mencionó, entre otros ejemplos, el programa Mujeres Grandeza, conocido como Tarjeta Rosa, y la promoción de la denominada Tarjeta Violeta en la capital del estado.
García Oliveros mencionó que no se trata de restringir los programas sociales ni los recursos destinados a atender las necesidades de la población, sino de establecer mecanismos para evitar que esos apoyos se utilicen para inducir o coaccionar el voto, comprometiendo la libertad de decisión de las personas y la equidad entre las fuerzas políticas.
También refirió que el clientelismo electoral y las presiones ejercidas desde posiciones de autoridad sobre las personas servidoras públicas representan prácticas que deben prevenirse para garantizar procesos democráticos en condiciones de imparcialidad.
La congresista precisó que se busca establecer supuestos específicos para identificar cuándo los programas sociales y sus recursos pueden utilizarse para inducir o coaccionar el voto, entre ellos, la incorporación de personas beneficiarias durante los procesos electorales, el incremento del presupuesto destinado a estos apoyos y la realización de entregas masivas que puedan afectar la equidad de la contienda.
De igual forma, ampliar las conductas consideradas infracciones de las autoridades y las personas servidoras públicas en materia electoral.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.