Guanajuato, Gto. – El Pleno de Congreso de la 66 Legislatura aprobó la Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato, marco jurídico para reconocer y atender las condiciones particulares de las mujeres que asumen la responsabilidad principal de mantener y dirigir sus hogares, así como de sus hijas, hijos y personas dependientes económicamente.
El nuevo ordenamiento tiene por objeto establecer acciones y programas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de familia, de sus hijas e hijos menores de edad y de las personas dependientes de estas, que se encuentren en situación socioeconómica vulnerable, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva.
La nueva legislación busca garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva, mediante políticas públicas orientadas a fortalecer su desarrollo integral, autonomía y empoderamiento económico.
Entre sus disposiciones se reconoce como mujeres jefas de familia a aquellas que tienen hijas o hijos menores de edad o personas dependientes, y que asumen las decisiones para el funcionamiento de su familia o tienen la responsabilidad de ser las principales proveedoras del ingreso familiar.
La Ley establece un catálogo de derechos para este sector de la población, entre los que destacan vivir una vida libre de violencia y discriminación; acceder de manera prioritaria a programas y acciones gubernamentales; recibir orientación jurídica y asistencia social; contar con oportunidades de empleo digno y bien remunerado, así como acceder a capacitación, créditos y apoyos para desarrollar proyectos productivos.
Asimismo, contempla el acceso a servicios integrales de salud física y mental, servicios de cuidado, asistencia social y apoyo educativo, además de oportunidades para continuar sus estudios y aprovechar las tecnologías de la información como herramientas para su desarrollo personal y económico.
Para coordinar la implementación de estas acciones se crea el Comité Estatal para el Desarrollo de las Mujeres Jefas de Familia, un órgano colegiado de carácter honorífico que tendrá entre sus funciones proponer políticas públicas, dar seguimiento a los programas y establecer mecanismos de monitoreo participativo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de las beneficiarias.
Dicho comité estará presidido por la persona titular de la Secretaría de las Mujeres y contará con la participación de las secretarías del Nuevo Comienzo, Economía, Finanzas, Derechos Humanos y Salud, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. También se contempla la participación de representantes de los sectores social, privado y académico.
La legislación distribuye responsabilidades entre las distintas autoridades estatales y municipales para impulsar acciones en materia de desarrollo social y económico, vinculación laboral, capacitación, financiamiento, educación, salud, asistencia social y servicios de atención infantil.
De manera particular, establece que la Secretaría de las Mujeres será responsable de diseñar, implementar, coordinar y evaluar las políticas públicas transversales para garantizar los derechos de las mujeres jefas de familia, mientras que las demás dependencias deberán incorporar la perspectiva de género y el principio de igualdad sustantiva en el ámbito de sus competencias.
También se establece que las autoridades deberán destinar anualmente, conforme al principio de progresividad, los recursos suficientes para el cumplimiento de la Ley.
Finalmente, el decreto dispone que el Comité Estatal deberá instalarse en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la legislación y que el Reglamento correspondiente deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Al presentar el dictamen, la congresista Ana María Esquivel Arrona destacó la labor diaria de las mujeres que sostienen a sus familias, cuidan de sus seres queridos, procuran el sustento de sus hogares, administran cada recurso y trabajan desde diversos ámbitos sin rendirse, muchas veces haciéndolo en silencio y sin recibir agradecimientos.
Señaló que este dictamen nace de un profundo reconocimiento a esa realidad, tras haber recorrido colonias, comunidades y zonas rurales para escuchar de frente a las mujeres y conocer sus necesidades reales y explicó que la nueva Ley para Mujeres Jefas de Familia permitirá avanzar en una agenda integral respaldada por políticas públicas que reconozcan su situación y respondan con acciones concretas por su bienestar.
Finalmente, enfatizó que este marco normativo busca construir redes de apoyo, opciones reales y herramientas para que las familias salgan adelante, bajo la premisa de que cuando una mujer avanza, su familia y todo Guanajuato se fortalecen.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Maribel Aguilar González, María del Pilar Gómez Enríquez, María Isabel Ortiz Mantilla y Sandra Alicia Pedroza Orozco.
Aguilar González señaló que el dictamen aborda una realidad que merece su atención: las condiciones en las que miles de mujeres sostienen económicamente sus hogares, asumen responsabilidades de cuidado, buscan oportunidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Indicó que el bienestar de las familias debe estar por encima de cualquier diferencia partidista, y que su responsabilidad es analizar las propuestas por su contenido, alcances y los beneficios que puedan representar para la población.
Asimismo, manifestó que la autonomía económica de las mujeres requiere mucho más que apoyos temporales; necesita condiciones que les permitan construir estabilidad, desarrollar sus capacidades y decidir sobre su propio futuro. Apuntó que esta legislación contempla responsabilidades para las autoridades estatales y municipales, así como disposiciones para su implementación.
Por su parte, la legisladora María del Pilar Gómez Enríquez recalcó el talento, la dedicación y el esfuerzo cotidiano de las mujeres que representan con orgullo a sus municipios, señalando que en lugares como Yuriria el turismo tiene rostro de mujer gracias a emprendedoras que transforman la gastronomía y la riqueza cultural en oportunidades de desarrollo.
Asimismo, reconoció que en Moroleón y Uriangato las mujeres han tejido la historia económica regional a través de talleres, comercios y proyectos textiles que llevan la tradición de la zona a todo el país.
De igual manera, enfatizó el papel de las mujeres rurales en Valle de Santiago, cuya labor productiva en el campo sostiene a las comunidades y mencionó que las historias de las mujeres en el resto de los municipios son diversas, todas comparten la aspiración de ver su esfuerzo traducido en oportunidades justas para crecer, recibir una remuneración adecuada, acceder a financiamientos y cuidar de sus familias sin renunciar a su propio desarrollo personal.
Finalmente, afirmó que la Ley para Mujeres Jefas de Familia en el Estado de Guanajuato representa una herramienta esencial para garantizar la independencia y la autonomía económica, ofreciendo a las mujeres la libertad de decidir sobre sus vidas, construir su propio futuro y ser dueñas de su propia historia.
En su oportunidad, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla precisó que hablar de los derechos de las mujeres era hablar de sus oportunidades, de sus libertades y de las condiciones que permitan garantizar una vida digna; era reconocer la realidad, las responsabilidades y los desafíos que enfrenta cada mujer en Guanajuato.
Detalló que esto es un reconocimiento a ese esfuerzo, porque al final la gran mayoría de esas mujeres son las primeras en levantarse en sus hogares, las que hacen rendir cada peso, las que atienden las necesidades de sus hijos e hijas, las que acompañan la educación de cada uno de ellos y muchas veces dejan al final sus propias necesidades.
Comentó que, de acuerdo con datos del INEGI, en Guanajuato, la jefatura femenina pasó del 23.9% en 2010 al 32.9% en 2020;en una década, uno de cada tres hogares guanajuatenses está a cargo de una mujer, una jefa de familia.
Resaltó que esta ley busca reconocer a esas mujeres, sus realidades y generar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos, para concluir al subrayar que se están dando pasos firmes para que las instituciones puedan verdaderamente generar políticas públicas que las ayuden a que no enfrenten solas esas responsabilidades.
En la última intervención, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco aclaró que su voto inicial no fue en contra de las mujeres que se encuentran al frente de sus hogares ni del reconocimiento de las desigualdades que enfrentan, sino una postura crítica respecto a la necesidad de crear una ley completamente nueva en lugar de reformar el marco jurídico existente para evitar la sobrerregulación.
Agregó que se logró superar la visión asistencialista inicial, incorporar la corresponsabilidad social de los cuidados, precisar conceptos y establecer mecanismos de evaluación y expresó su preocupación de que la ley pudiera terminar reforzando estereotipos tradicionales al condicionar el apoyo a la maternidad, el rol de cuidadoras o la situación familiar, advirtiendo sobre el riesgo de que se utilice para legitimar jurídicamente programas de corte asistencialista con posibles fines político-electorales.
En contraste, destacó que se propuso una ruta complementaria enfocada en la Ley para el Desarrollo Económico del Estado, buscando garantizar la autonomía económica de las mujeres sin que su acceso a oportunidades dependa estrictamente de su condición de madres o jefas de familia.
Finalmente, concluyó que su voto a favor no constituye un cheque en blanco, por lo que exigirá una fiscalización rigurosa del presupuesto, a la implementación real de las políticas públicas y a los impactos efectivos en la reducción de las brechas de género en Guanajuato.
