Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.
La iniciativa propone establecer que comete acoso sexual quien, con fines sexuales o de lujuria, y asedie y produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona servidora pública, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos, incluso si no existe una relación de subordinación.
Los participantes comentaron que considerar el acoso sexual como una falta administrativa grave se considera viable, pues no obstante que ello constituya a la fecha un ilícito de carácter penal, resulta necesario incorporar dicha conducta específica en la normatividad disciplinaria administrativa a efecto de prevenir la comisión de estos actos y reducir su incidencia, ya que al no encontrarse expresamente prevista dicha falta grave en la citada norma, en el caso de presentarse esas conductas se encuadran como faltas no graves, lo cual implica la eventual imposición de sanciones de menor intensidad.
Se mencionó que cuando se dio la Alerta de Género una de las recomendaciones fue dar el número de casos; fortalecer la exposición de motivos dado que las entidades federativas si tienen facultades para legislar en la materia; incluir la obligación de las autoridades de considerar la perspectiva de género en la investigación de los asuntos; considerar el lenguaje incluyente; que es una acción progresiva en favor de las mujeres.
La diputada Susana Bermúdez Cano refirió que los índices de acoso sexual en México muestran una prevalencia significativa sobre todo hacia mujeres; que es el tipo de violencia más frecuente con un 42%; en espacios públicos el 45%, en el ámbito laboral 47%; que se pondere el tema de la aplicabilidad de la norma; revisar la tipificación normativa tanto del tipo básico como de las figuras equiparadas; entre otros puntos.
Por su parte, la congresista Rocío Cervantes Barba manifestó que la mayoría de los casos no se denuncian; que las personas que sufren acoso viven un ambiente laboral con estrés, ansiedad, asilamiento, hostil; que el ciclo de impunidad hace que sea un delito continuado; que como autoridades no deben tolerar esas conductas en servidores públicos; que se deben eliminar esos actos y reforzar espacios laborales de respeto, integridad y seguridad.
En su oportunidad, el legislador Rodrigo González Zaragoza comentó que la intención de la propuesta va en la progresividad de derecho y deben respaldar todo lo que permita que las mujeres trabajen en un ambiente de respeto, sin acoso y violencia; mientras que la diputada María Eugenia García Oliveros se sumó al respaldo de la propuesta y externó que está a favor de la propuesta.
Finalmente, Alejandro Sierra agradeció el respaldo hacia la propuesta y remarcó que los comentarios emitidos son importantes para fortalecer las consideraciones del dictamen. Habló de la libertad configurativa del Estado, que no afecta que esté en la parte penal.
Antes de concluir, el congresista Juan Carlos Romero Hicks comentó que se trata de la revisión de un tema sensible no resuelto, que no debe tener tolerancia alguna; que el Estado tiene libertad de configuración en la materia y coincidía con la intención de la propuesta, por lo que instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, Susana Bermúdez Cano y Rocío Cervantes Barba, así como el diputado Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza.
Además, los acompañaron Alejandro Sierra, titular de la Consejería Jurídica de Gobierno; Yari Zapata, titular del Tribunal Estatal Electoral; Viviana Cifuentes Adón de la Secretaría de la Mujer; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Carolina Gasca del Instituto Estatal Electoral; Isaías Arévalo del Tribunal de Justicia Administrativa; José Jafet Noriega Porras de la Universidad de Guanajuato; Paola Domínguez Virgen, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas y personas asesoras parlamentarias.
