Guanajuato, Gto. – La Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó el dictamen de la iniciativa para desafectar del dominio público del Estado, una fracción de un inmueble de propiedad estatal ubicada en el municipio de León y se autorice su enajenación a favor de la federación para el uso de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, a fin de construir un nuevo plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).
Además, se aprobó que el próximo 29 de septiembre, a las 11:00 horas, se celebre la Junta de Enlace en Materia Financiera. De igual manera, se acordaron los criterios de elaboración y presentación de las iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio de 2026, que incluyen que el crecimiento a considerar en dichas iniciativas será de 4%.
La diputada Karol Jared González Márquez se refirió al cobro del agua y pidió que se pueda dar el porcentaje del posible ingreso de las tarifas e ir acotando los problemas específicos de los municipios, dependiendo de sus particularidades; así como darles un norte de hacia dónde pueden orientar la tarifa, antes de bajar el cobro.
Como parte del orden del día se dio cuenta con los informes de resultados por la Auditoría Superior del Estado relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal; así como las auditorías de desempeño practicadas al Poder Ejecutivo con enfoque mixto orientado al sistema y resultados del Programa Presupuestario «S018 Capital Humano», particularmente al proyecto «QC0323. Mi Chamba programa BECAT», y con enfoque al sistema del Programa Presupuestario «E008. Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes» particularmente al «PB2042. Adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes», todos por el ejercicio fiscal 2024.
Mismo trámite tuvieron cuatro puntos de acuerdo. El primero, para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que informe de manera detallada y justifique plenamente el motivo del retraso en la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Macrocentro Deportivo 1 de Valenciana, el desglose del presupuesto ejercido, modificado y proyectado, la fecha actualizada de conclusión y reapertura de dicho Centro Deportivo y, en su caso, las medidas contractuales, legales o administrativas que se estén considerando ante los retrasos, incluyendo posibles multas o sanciones al contratista responsable, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas implementados para asegurar el buen uso de los recursos públicos destinados a dicha obra, así como la participación ciudadana en la supervisión del proyecto.
Se propuso solicitar información a la Consejería Jurídica y por su conducto a la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Deporte con un plazo de 15 días hábiles. La cual fue avalada.
El segundo, para solicitar a la gobernadora del estado que informe con precisión y detalle los acuerdos establecidos con las Organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente aquellos que derivaron en los desistimientos de los amparos interpuestos contra el decreto de extinción del FIDESSEG, así como los compromisos asumidos por cada una de las partes y el marco jurídico operativo y presupuestal que regirá el nuevo esquema de colaboración anunciado bajo el programa Tocando Corazones cuáles son las acciones concretas que realizará para lograr el reintegro total a las arcas públicas del recurso no aclarado según los hallazgos de la auditoría practicada al FIDESSEG.
Asimismo, para garantizar su correcto registro contable y seguimiento conforme a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado y para que establezca mesas de trabajo con este Congreso, con el fin de revisar y transparentar la metodología, los procedimientos y las reglas de operación que regularán la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el diseño, validación y ejecución de proyectos del programa Tocando Corazones, para asegurar que no se repitan los errores y simulaciones documentadas en la auditoría al FIDESSEG. Se avaló pedir información a la Consejería Jurídica del Ejecutivo por el mismo plazo que la anterior.
El tercero, para solicitar a la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría integral financiera y de desempeño a Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y concomitante 2025, con el fin de determinar la correcta aplicación de los recursos públicos, identificar posibles irregularidades administrativas o financieras y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan.
También, a la Secretaría de la Honestidad, así como a la Secretaría de Finanzas, para que entreguen versiones públicas de todas las auditorías internas y 4 externas realizadas a Guanajuato Puerto Interior en los últimos cinco años, publiquen los informes de gestión anuales con indicadores de desempeño e informen a este Congreso sobre el procedimiento de designación del actual director general, a fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos en dicha empresa de participación estatal mayoritaria.
Con base en la metodología aprobada, se solicitó al auditor general la elaboración de una tarjeta informativa.
El último, pretende exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Área Funcional de Guardia Cibernética de la Guardia Nacional, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan una estrategia nacional integral y coordinada para la identificación, prevención y contención del modelo de crédito informal conocido como Gota a Gota, que contemple acciones en materia de supervisión financiera, inteligencia patrimonial, educación financiera, protección al consumidor, ciberseguridad ciudadana y, en su caso, canalización a las autoridades competentes para la persecución de delitos relacionados con la operación de esquemas financieros ilícitos. En ese punto, se pidió a los involucrados información con plazo de 15 días hábiles.
En la sesión participaron las diputadas María del Pilar Gómez Enríquez y Karol Jared González Márquez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.