Guanajuato, Gto. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, con el objeto de crear el padrón de periodistas y personas buscadoras, así como considerar a ambos grupos sociales en los programas sociales brindados anualmente por la administración estatal.
En seguimiento al orden del día, se aprobó la metodología para el estudio de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, con el objeto de que el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos se integre por cuando menos una persona que sea indígena o afromexicana.
Se acordó pedir opinión a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y al Instituto de Investigaciones Legislativas; se subirá la propuesta a la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana; se llevará a cabo un proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Posteriormente, se realizará una mesa de trabajo con las autoridades mencionadas.
A petición de la diputada Plásida Calzada Velázquez, se realizó la solicitud para agregar en el cúmulo de opiniones al Consejo Estatal Indígena del Estado de Guanajuato. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
También, se avaló el solicitar información a diversas autoridades para dar respuesta a los siguientes puntos de acuerdo:
Primero, para exhortar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie una investigación amplia e imparcial con enfoque de género e interseccional, respecto de los presuntos actos de discriminación cometidos en agravio de las personas comerciantes del grupo denominado La Josefa, derivados del operativo de desalojo del 14 de abril de 2025 y de la negativa sostenida del Gobierno Municipal de León para otorgarles espacios de venta en la temporada decembrina, considerando de manera integral las circunstancias particulares de las personas afectadas, incluidas sus condiciones económicas, sociales y laborales, así como los posibles impactos diferenciados que las decisiones de la autoridad municipal hayan generado en sus medios de vida, su acceso a oportunidades productivas y su trato frente a otros grupos de comerciantes que han sido permitidos en la misma zona.
Al hacer uso de la voz, el legislador David Martínez Mendizábal expuso la problemática que enfrenta la agrupación “La Josefa”, un grupo familiar de comerciantes en León que ha sido afectado por presuntos criterios arbitrarios en la asignación de espacios comerciales, al resaltar que la falta de acuerdos con la presidencia municipal y ante la aparente discrecionalidad en la reubicación de vendedores, es necesario que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) investigue posibles actos de discriminación y vulneraciones a los derechos humanos, con la finalidad de garantizar la equidad y el respeto a las garantías individuales de los comerciantes.
En su intervención, el congresista Oscar Enrique González Espinosa manifestó su respaldo a los comerciantes afectados y reafirmó el compromiso del Congreso con la defensa de sus derechos y la legalidad en el ejercicio de la actividad comercial. En este sentido, propuso solicitar información oficial tanto a la PRODHEG como al municipio de León, con la finalidad de determinar si existen actuaciones o investigaciones en curso sobre los hechos denunciados. La propuesta fue aprobada.
Segundo, dirigido a la Secretaría del Nuevo Comienzo para que efectúe una metodología participativa que involucre a la población guanajuatense, tendiente a obtener la información relacionada con la estructura, organización y cultura de los pueblos, considerando la autoadscripción indígena y así las comunidades ubicadas en Don Francisco, Ex Hacienda de Peña Blanca, San Martín de la Petaca, Tierra Blanca de Abajo, ambas de San Miguel de Allende; Fracción de Guadalupe, Peña Blanca Dos y Peña Blanca de Cieneguilla pertenecientes al municipio de Tierra Blanca; San Agustín de Comonfort; Urireo, Salvatierra y demás comunidades que se autoidentifiquen como indígenas, obtengan el reconocimiento, la constancia que permitan su inscripción en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de esta entidad federativa.
El diputado González Espinosa refirió que la Secretaría del Nuevo Comienzo carece de facultades en la materia, precisando que es la Secretaría de Derechos Humanos la entidad responsable de gestionar el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Asimismo, informó que dicha dependencia ya se encuentra brindando asesoría a los poblados de Don Francisco, San Martín de La Petaca, Tierra Blanca de Abajo y San Agustín para formalizar su proceso de registro.
Y tercero, para exhortar a la Secretaría del Bienestar para que desarrolle, coordine e implemente políticas públicas específicas que reconozcan, visibilicen y atiendan las necesidades de las personas con discapacidades ocultas.
De igual manera, para que establezca protocolos de atención que contemplen ajustes razonables, campañas de sensibilización y mecanismos de detección y eliminación de barreras, asegurando un trato digno e inclusivo que fomente su plena participación en la sociedad.
Por conducto del legislador Oscar Enríque González Espinosa, se aprobó la propuesta para realizar una mesa de trabajo interna de asesores para conocer la información que compartieron dichos ayuntamiento, así como los alcances de la reforma constitucional y el ámbito de su competencia, respecto al punto de acuerdo dirigido a los ayuntamientos de la entidad que cuentan con pueblos o comunidades indígenas, para que consulten en todo momento a las comunidades indígenas, cuando se pretendan realizar acciones u omisiones administrativas susceptibles de afectar o impactar de manera significativa en su vida, entorno y en general sus derechos.
De igual manera, se ciñan a lo que estipula la Ley para Protección a los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato en cuanto a la obligación de notificar a la autoridad indígena, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación, sobre la celebración de sesiones del Ayuntamiento en las que se resolverá sobre asuntos que competan al pueblo o a la comunidad, con el fin de que ésta pueda participar, con voz, en defensa de los intereses de su pueblo o comunidad.
Asimismo, se acordó dictaminar en sentido positivo el punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que instruya en todo lo necesario a sus colaboradores para atender integralmente la problemática productiva del sector ladrillero en León, específicamente las y los titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, La Secretaría del Nuevo Comienzo, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad y Tú Puedes Guanajuato; asimismo, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar una investigación participativa sobre las ladrilleras en el Estado de Guanajuato a fin de que se encuentren alternativas de solución a su problemática.
La congresista Ana María Esquivel Arrona señaló el respaldo a los derechos de las familias que laboran en el sector ladrillero, haciendo especial énfasis en la comunidad de “Ladrilleras del Refugio”, pero propuso una modificación al punto de acuerdo para quedar de la siguiente manera:
La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda girar atento y respetuoso exhorto a las autoridades que integran la Comisión Mixta para la atención del sector ladrillero en el estado de Guanajuato, para qué, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco del trabajo que realizan en la comisión, continúen y fortalezcan las acciones pertinentes consolidando la Estrategia de Atención Integral al Sector Ladrillero en la comunidad de “El Refugio”, incluyendo el estado que guarda cada una de sus líneas de acción -ladrillera ecológica, diversificación económica, inspección y vigilancia, infraestructura urbana e intervención social-, los compromisos asumidos, así como el cronograma actualizado para la conclusión de los hornos tecnificados de bajas emisiones y demás acciones vinculadas. Asimismo, a la Secretaría de Salud para que continúe y fortalezca sus acciones de atención en la comunidad de “El Refugio”, con énfasis en la atención médica primaria, el acceso oportuno a servicios de salud, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias.
La propuesta fue aprobada.
El congresista David Martínez Mendizábal celebró la sensibilidad mostrada por la comisión ante las demandas ciudadanas respecto a la problemática de las ladrilleras, destacando que, más allá de las posturas partidistas, se logró un consenso para dar continuidad a la Estrategia de Atención Integral, debido a que la ciudadanía como los propios productores han manifestado su preocupación por la intermitencia en los trabajos previos y que este acuerdo representa un paso fundamental para superar años de estancamiento.
Finalmente, se avaló dictaminar en sentido negativo la propuesta que busca reconocer el derecho inalienable del pueblo cubano a vivir en condiciones de dignidad, con acceso pleno a energía, alimentos y servicios básicos, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; condenar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que han limitado el acceso de Cuba al suministro de petróleo y energía, provocando apagones masivos, escasez de transporte y afectaciones graves a la salud y alimentación de la población.
Al hacer uso de la voz, la diputada Carolina León Medina expuso la compleja situación económica que atraviesa la población cubana, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos, ante el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que agravan la crisis humanitaria, refirió la necesidad de que el Congreso se pronuncie en solidaridad con el pueblo de Cuba.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para garantizar el acceso a energía, alimentos y servicios fundamentales, condenando cualquier acción externa que obstaculice el bienestar y la estabilidad de los habitantes de dicho país.
El legislador Oscar Enrique González Espinosa indicó que, si bien se comparte la preocupación por la situación en la isla, el exhorto presentado carece de exhaustividad al omitir información relevante de organismos internacionales, por ello, puntualizó que la postura del Congreso debe atender esta problemática desde una visión amplia e integral, basada en soluciones efectivas y no en coyunturas, por lo que propuso que el dictamen fuera emitido en sentido negativo.
Finalmente, el congresista David Martínez Mendizábal subrayó que el asunto debe abordarse desde una perspectiva estrictamente humanitaria, enfocada en las necesidades de la población ante los obstáculos externos que generan pobreza y desigualdad, afectando servicios esenciales en hogares y hospitales. Agregó, en apego a la Constitución y a los principios de derecho internacional, que el Congreso tiene la facultad de promover la resolución pacífica de conflictos, independientemente de la estructura política o económica de cada nación.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; y los diputados Jesús Hernández Hernández, Oscar Enrique González Espinosa y David Martínez Mendizábal. También se contó con la participación de la diputada Carolina León Medina, en calidad de invitada.