Guanajuato, Gto. – El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato para incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual.
Con estas modificaciones se precisa que a quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio.
Se añade que, se entiende por esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional y se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, médicas o cualquier método o tratamiento, que tengan por objeto anular o menoscabar la expresión o identidad de género o la orientación sexual de la víctima.
Asimismo, se indica que cuando el sujeto activo del delito sea el padre, madre o tutor de la víctima, la pena será de veinte a sesenta días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el juez, junto a que el consentimiento informado otorgado por la víctima mayor de edad excluye a este delito.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada María Eugenia García Oliveros manifestó que no se estaba discutiendo una iniciativa, sino que el Congreso estaba reconociendo un dolor que se ha mantenido en silencio durante décadas, un dolor en forma de prácticas disfrazadas de tratamiento.
En ese sentido, se refirió a los ECOSIG “Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género”, mejor conocidos como terapias de conversión, y los cuales dijo que eran mal llamadas porque no había nada que curar.
García Oliveros mencionó que esas prácticas dejan heridas físicas, emocionales, psicológicas y sociales, heridas que acompañan a las víctimas durante años, durante su vida. Resaltó que quienes defienden esas prácticas lo hacen desde la ignorancia, desde la intolerancia, la homofobia y la transfobia disfrazadas de ciencia.
En su intervención, la legisladora Luz Itzel Mendo González expresó que las terapias de conversión de la orientación sexual o la identidad o expresión de género no deben confundirse con orientación psicológica al ser violencia y crueldad, por lo que se espera que en Guanajuato dichas actividades sean consideradas como delito.
Añadió que el dictamen se convierte en un impacto social y un reflejo de respeto a los derechos humanos que pueden cambiar vidas y así hacer de estas acciones un delito implican que a quienes realicen, impartan, aplique, obligue o financie supuestos tratamientos para borrar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona que se investigue, procese o se castigue con prisión, multa o inhabilitación profesional.
Finalmente, pidió que se vote a favor del dictamen para dejar claro que el Congreso de Guanajuato reconoce que las llamadas terapias de conversión son crueldad y que esta será perseguida y castigada.
Por su parte, la congresista Miriam Reyes Carmona precisó que en la entidad se debe proteger el derecho de todas las personas a ser quien son, sin miedos, vergüenza, ni violencia por su orientación sexual e identidad de género, cuestión que no se debe catalogar como una moda o una ideología.
Señaló que los ECOCIG no son terapias, ni tratamientos médicos, al ser prácticas crueles, discriminatorias e ineficaces que buscan cambiar algo que no necesita corregirse, además de que atentan contra la libertad personal, la salud y la integridad de las personas, razón por la cual en el Senado de la República se aprobaron reformas para sancionar dichas acciones en todo el país.
Concluyó diciendo que el enfoque del dictamen no busca castigar creencias, pero sí proteger vidas. Asimismo, se reconoce que cualquier persona merece respeto y que el dictamen pertenece a una causa humana en la que se debe defender la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas sin importar su orientación sexual o de género.
Finalmente, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que se discutía un dictamen que representa un avance indispensable hacia un estado más libre, más justo y humano; un dictamen que reconoce que en Guanajuato las prácticas conocidas como ECOSIG siguen ocurriendo y siguen lastimando.
Afirmó que defender las libertades individuales implica reconocer que nadie debe vivir bajo la amenaza de ser corregido o castigado por su orientación sexual o identidad de género.
“Ninguna autoridad, institución o persona tiene derecho a intervenir para modificar la esencia de alguien, por eso lo tenemos que reiterar; las ECOSIG no son terapias, no tienen validez científica y no producen bienestar”, subrayó.
Pedroza Orozco indicó que lo único que generan es daño psicológico, físico y emocional; y finalizó al remarcar que lo que se somete a votación no es un gesto político sino un acto de coherencia.