Salamanca.- La buscadora, Paula Rojas Nieto, integrante y fundadora del colectivo “Buscando con el Corazón”, denuncio amenazas y abuso de autoridad por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, tras un operativo realizado en el domicilio donde actualmente reside en el municipio de SalamancaDe acuerdo con la activista, los hechos ocurrieron cuando varios agentes arribaron a la vivienda donde se encontraba su hija menor en compañía de otros tres niños de 12, 8 y 6 años de edad.
Según relató, los elementos ingresaron al lugar y habrían intimidado a la menor mientras realizaban preguntas sobre la familia y revisaban su teléfono celular.
La buscadora aseguró que los agentes también realizaron cuestionamientos sobre la existencia de dinero y joyas en el domicilio, además de preguntar por la identidad de su madre y otros integrantes de la familia.
Vecinos del fraccionamiento reportaron en un chat comunitario la presencia de varias unidades de la Agencia de Investigación Criminal y de un vehículo blindado tipo SandCat, lo que alertó a la activista, quien al ver fotografías compartidas en el grupo identificó que el despliegue se realizaba en el domicilio que ocupa actualmente.
Al regresar al lugar, Paula Rojas señaló que encaró a los agentes ministeriales para exigir explicaciones sobre el operativo, sin embargo aseguró que estos se negaron a responder y posteriormente se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía en Irapuato, hasta donde ella acudió para solicitar información.
Según su versión, en un primer momento se le negó el acceso al inmueble y posteriormente fue informada de que la intervención no correspondía a un cateo, sino a la supuesta búsqueda de una persona contra quien existía una orden de aprehensión y que presuntamente podría habitar en ese domicilio.
La activista afirmó que atribuye estos hechos a la queja que interpuso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por presuntas irregularidades en el proceso de identificación del cuerpo de su esposo Fernando, desaparecido en 2020, caso en el que años después se confirmó que los restos entregados inicialmente no correspondían a él.
Rojas Nieto explicó que debido a amenazas previas derivadas de su labor como buscadora ha tenido que desplazarse entre varios municipios, primero de León a Irapuato y posteriormente a Salamanca, donde actualmente cuenta con medidas de protección del mecanismo estatal.
Ante los hechos, la buscadora informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público en Irapuato por los delitos de abuso de autoridad y amenazas, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.