Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de contribuir a una mayor protección en los recursos forestales.
La modificación contempla la prohibición de realizar en terrenos forestales incendiados cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido el incendio.
Al hacer uso de la voz, la diputada Luz Itzel Mendo González destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico estatal para frenar la pérdida de cobertura forestal en la entidad, señalando que entre 2018 y 2024 más de 38,000 hectáreas fueron devastadas por incendios, sumando 8,500 hectáreas adicionales tan solo en 2025.
Agregó que, ante la presión constante sobre los ecosistemas, es imperativo contar con herramientas legales que prioricen la restauración y conservación de suelos estratégicos para la recarga de acuíferos y la regulación del clima.
La legisladora explicó que el dictamen tiene el objetivo de establecer que los terrenos afectados por incendios deberán conservar su vocación forestal durante un periodo de 20 años, aunado a que dicha medida limita el cambio de uso de suelo, orientando las acciones exclusivamente hacia procesos de restauración o manejo forestal sustentable.
En su intervención, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla expresó que los bosques son fábricas de agua y activos ambientales estratégicos para la supervivencia de la entidad frente al estrés hídrico y el cambio climático.
Explicó que la reforma que establece un periodo de 20 años de veda para el cambio de uso de suelo en terrenos incendiados es una medida técnica necesaria, dado que un ecosistema forestal tarda, en promedio, 15 años en recuperar su materia orgánica y cobertura vegetal, siempre que se garantice la continuidad ecológica y se evite la presión de las manchas urbana y agrícola.
Finalmente, enfatizó que la protección del suelo es la clave para reducir la vulnerabilidad territorial, ya que permitir su degradación encarece las soluciones futuras y compromete el derecho de las próximas generaciones a un medio ambiente sano, además de que también busca frenar la especulación inmobiliaria que muchas veces motiva los incendios provocados.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.