CDMX.-Se propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, acortando su mandato de 15 a 12 años. También se busca eliminar las dos salas actuales, operando únicamente en sesiones plenarias públicas, prohibiendo así las sesiones privadas. Para aprobar una sentencia, se requerirán seis votos.
En cuanto a las remuneraciones, los salarios de los ministros y jueces no podrán superar el sueldo del presidente de la República, y se eliminaría la posibilidad de una pensión vitalicia al finalizar su mandato.
Una de las propuestas más controvertidas es que jueces, magistrados y ministros serían elegidos por voto popular cada tres años, coincidiendo con las elecciones federales. Los candidatos serían propuestos por la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial. Si la reforma se aprueba en septiembre, la primera elección sería en 2025, con periodos escalonados hasta 2039.
La reforma también plantea la creación de dos nuevos órganos que reemplazarían al Consejo de la Judicatura Federal: uno para administrar el sistema judicial, y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar y sancionar a los funcionarios del Poder Judicial. Cualquier persona o autoridad podría presentar denuncias contra jueces o magistrados.
Además, se regularían los plazos para resolver controversias judiciales, con un máximo de seis meses para emitir una sentencia. Si no se cumple este plazo, el Tribunal de Disciplina investigará la demora y podría aplicar sanciones.
A nivel estatal, los gobiernos locales tendrían que reformar su legislación para garantizar la independencia de sus jueces y magistrados, y que estos sean electos por voto popular. Las entidades tendrían 180 días para realizar estos cambios una vez promulgada la reforma.
El presidente López Obrador ha defendido que esta reforma no debilita al Poder Judicial, sino que lo fortalece al alinearlo con la voluntad popular, restaurando la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, que han sido objeto de críticas por abusos y excesos cometidos por algunos funcionarios.