Guanajuato, Gto. – Esta mañana, en sesión de la Comisión de Salud Pública se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo del punto de acuerdo que buscaba exhortar a la gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, para dar respuesta a los compromisos expresados para atender el problema de la operación del sector ladrillero en León, abordando de forma integral la problemática de salud agravada por la falta de acción del gobierno del Estado y de sus instituciones.
De igual manera, al secretario de Salud del Estado para que desarrolle un plan de atención emergente de cuidado de la salud para la población que vive en la zona de las ladrilleras de León y alrededores, así como para que realice los estudios, diagnósticos, evaluaciones e investigaciones correspondientes relacionados con las afecciones, síntomas y enfermedades que se están manifestando en las y los habitantes de estas zonas.
El diputado Antonio Chaurand Sorzano se expresó en contra de la propuesta, al señalar que recientes testimonios de los afectados indican que no han obtenido respuesta por parte del gobierno del estado, que no han estado presentes en ninguna de las acciones de salud que las autoridades expresan, y resaltó que el tema de las ladrilleras debe seguirse analizando porque es una cuestión de salud que debe atenderse y revisarse en profundidad.
El dictamen se aprobó por mayoría de votos.
También se dio seguimiento a la metodología de análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. La primera, pretende establecer que, las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas en términos de lo dispuesto al Código Penal y además, serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.
Al respecto, se acordó llevar a cabo la mesa de trabajo el lunes 13 de abril a las 11:00 horas; mientras que la diputada Angélica Casillas Martínez propuso realizar una consulta para personas con discapacidad.
La segunda busca garantizar, en todo el sistema estatal de salud, el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, a través de la prohibición expresa de promover, impartir, aplicar, obligar o financiar cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, que pretendan modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género; así como, la prohibición expresa de diagnosticar sobre la base exclusiva de la orientación sexual o identidad de género, y el reconocimiento de sus derechos a recibir servicios asistenciales sin discriminación, como otros sectores prioritarios.
En este punto se acordó la realización de la mesa de trabajo el lunes 13 de abril a las 11:30 horas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Noemí Márquez Márquez, Luz Itzel Mendo González y Miriam Reyes Carmona, así como el diputado Antonio Chaurand Sorzano (presidente).