CELAYA, Gto.- La directora del DIF municipal, Saraí Núñez Cerón acudió al ministerio público la mañana de este lunes, a interponer la denuncia penal contra quien resulte responsable del desfalco de cerca de 5 millones de pesos que sufrió la dependencia descentralizada durante la anterior administración pública municipal.
Lo anterior fue en primera instancia confirmado por el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, quien señaló que la decisión se tomó luego de recibir el informe por parte de la contraloría municipal que dijo, confirma que tres ex funcionarios son los posibles implicados en el tema.
“Está el informe de la contraloría vienen tres personas, que es la directora general (Luz María Gómez Grajales, aparece a la izquierda en la imagen) el director administrativo (José David Baeza López, a la derecha de la imagen) y la directora financiera”.
Posteriormente en una rueda de prensa Saraí Núñez Cerón informó mediante un discurso de más de diez minutos que efectivamente el informe de la contraloría municipal señala que el desfalco encontrado se dio en dos partes, una primera que acumuló en los tres años de gobierno de Ismael Pérez Ordaz, los 4 millones 426 mil 76 pesos que fueron transferidos directamente a la cuenta personal de José David Baeza, exdirector administrativo así como otra cifra apenas menor a los 300 mil pesos en facturas a una empresa fantasma.
“Una vez recibido el informe de la contraloría y después de haber informado al presidente municipal, he acudido esta mañana a levantar una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato por daños al erario público que ascienden a los 4 millones 713 mil 628 pesos con 41 centavos contra quien resulte responsable”, explicó la directora.
Señaló que fue durante el proceso de transición que mediante las revisiones que este procedimiento implica, se percataron del faltante millonario por lo que dijo que el 27 de octubre del 2015 a días de haber recibido la dirección, notificó a la contraloría sobre dicha situación, quienes emprendieron la investigación que desencadenó lo confirmado, un desvío de recursos.
Es de resaltar que en la rueda de prensa estuvo presente también el director jurídico municipal, Ignacio Ramírez Valenzuela, quien afirmó que debido a los procedimientos legales de la justicia penal en el estado, si durante el proceso de conciliación la persona señalada regresa la cantidad de dinero que hurtó del erario público, podría ser otorgado el perdón, aunque dijo que es una decisión que no se ha tomado.