El líder de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío en Guanajuato (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, dijo que cada día, el gobierno, en sus diversos niveles, les ha puesto candados para poder regularizar los anexos y conseguir que todos operan bajo la normativa correspondiente.
De hecho, Pérez Ponce expresó que los titulares de estos centros tienen que pagarles a los municipios los permisos que ellos expiden, como los usos de suelo y una serie de requisitos, que generan a la larga, gastos excesivos.
“Y son una serie de requisitos que al final de cuentas no dejan de costarnos, entonces, unas de las propuestas fue que los municipios nos bajen de precio, nos bajen el costo, o nos condonen los costos de los permisos”, dijo el presidente del CRUB.
Nicolás Pérez, añadió que, de esta forma, es decir, eliminando los altos costos y la burocracia, los centros de rehabilitación podrían regularizarse de manera integral y luego conjuntar esfuerzos con el Sistema de Salud a través del programa Planet Youth para que la estrategia contra las adicciones se fortaleza.
“Capacitarnos en el tema, de alguna manera quieren implementar un tratamiento que ni mexicano es, es muy lejos de dar resultados”, expresó.
Nicolás Pérez Ponce comentó que han tocado puertas con diversos políticos para ser escuchados, hasta que finalmente fueron atendidos por la diputada local de Morena, Alma Alcaraz, de quien esperan que haya propuestas firmes en materia de regulación de anexos.