Estados Unidos.- A tres meses del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, su administración ha intensificado el enfoque mediático en las detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados, en medio de una caída en su popularidad por el manejo económico y el impacto negativo de los aranceles.
Aunque Trump prometió deportar a 11 millones de migrantes —más de 4.5 millones de ellos mexicanos— y alcanzar un millón de expulsiones en su primer año, la meta luce lejana. En los primeros 90 días de gobierno, se requería la deportación diaria de 2 mil 739 personas, sumando 246 mil 510 en este periodo. Sin embargo, el reporte oficial del 1 de abril indica apenas 100 mil casos, un incremento significativo respecto a los 28 mil 319 informados el 11 de marzo, aunque esta cifra resulta difícil de verificar.
Contrario a las previsiones, los refugios habilitados por el gobierno mexicano en la frontera no se encuentran saturados. Además, las detenciones han disminuido notablemente. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó que en febrero y marzo se registraron 17 mil 340 encuentros con migrantes mexicanos, lo que equivale a 294 diarios, un descenso del 90% comparado con los 162 mil 078 encuentros del mismo periodo hace tres años.
Mientras tanto, el despliegue militar en la frontera ha aumentado: miles de soldados, vehículos blindados, drones, alambre de púas e incluso destructores navales han sido enviados a reforzar la seguridad.
Las acciones del gobierno también han generado creciente controversia. Recientemente, solicitó a la Corte Suprema retirar la ciudadanía estadounidense a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en el país, una medida que implicaría revertir la Enmienda 14 de la Constitución. Además, ignoró un mandato judicial para permitir el regreso de un salvadoreño deportado por error.
También han surgido casos preocupantes: una ciudadana estadounidense fue liberada tras haber sido arrestada y puesta en proceso de deportación; una abogada migratoria recibió una amenaza de “autodeportación”; y miembros de la Nación Navajo, pese a tener ciudadanía estadounidense, son frecuentemente detenidos por su apariencia.
Organismos y medios han reportado arrestos de migrantes en situaciones sensibles, como cuando llevaban a sus hijos a la escuela, acudían a misa o asistían a sus audiencias migratorias. En el caso de menores no acompañados, el gobierno ha determinado que deben representarse a sí mismos ante los tribunales de inmigración.
Hasta la fecha, se han presentado al menos 50 demandas relacionadas con la política migratoria ante cortes federales, algunas de las cuales podrían llegar a la Corte Suprema.
De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Chicago, el 50% de los estadounidenses apoya las medidas migratorias de Trump, mientras que el 40% las desaprueba. Sin embargo, el 75% considera que los aranceles impuestos a otros países agravarán la inflación tanto a corto como a largo plazo, y más de la mitad desaprueba su gestión económica.