Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal y a la Secretaría del Campo del gobierno del estado, a efecto de que se establezcan, en sus respectivos ámbitos de competencia, un fondo de contingencia para el Estado de Guanajuato que permita aumentar la cobertura en eventos extremos declarados por las autoridades competentes buscando robustecer la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a desastres agroclimáticos, complementando el seguro agropecuario vigente.
De igual manera, incorporen un esquema escalado de indemnización agrícola para que el seguro catastrófico agrícola sea más justo, proporcional y técnico considerando las diferencias reales entre cultivos, costos productivos y vulnerabilidad climática.
Como autora del dictamen, la diputada Rocío Cervantes Barba señaló que si bien la administración pública se rige bajo criterios de racionalidad presupuestaria, el sector agroalimentario, particularmente en los pequeños productores, requiere un apoyo prioritario por su alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos como sequías, heladas y las lluvias torrenciales que en 2025 afectaron severamente a municipios como Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo, Ocampo y Xichú.
La legisladora subrayó que destinar recursos a este sector no es un gasto, sino una inversión en seguridad alimentaria y justicia social, junto a que el dictamen busca fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental para complementar el seguro agropecuario vigente, garantizando que las familias campesinas puedan recuperar al menos sus costos de producción tras un desastre.
A manera de conclusión, hizo un llamado a votar a favor del dictamen, precisando que la propuesta da voz a los productores que aún no logran recuperarse de sus pérdidas y que bajo el principio de incertidumbre que caracteriza a la agricultura, el Estado debe asumir un papel activo y subsidiario para mitigar la fragilidad del sector y asegurar la viabilidad de las comunidades rurales frente a los efectos adversos del cambio climático.
Al hablar a favor del dictamen, la legisladora Plásida Calzada Velázquez manifestó que el campo es vulnerable al cambio climático, enfrentando riesgos críticos como son las sequías, las inundaciones, las plagas aceleradas, así como la disminución en la calidad del agua, lo cual significativamente ha reducido la productividad agrícola.
Indicó que derivado de ese cambio climático se enfrentan día con día graves riesgos en cuanto a la producción agrícola y ganadera, lo cual sin duda amenaza sobre todo la seguridad alimentaria, provoca pérdida de ingresos y aumenta también la vulnerabilidad social y el éxodo rural en las zonas más marginadas.
La congresista manifestó que, aunque el seguro cubre algunos eventos por sequía prolongada, por lluvia torrencial, por frío intenso, entre otros, se genera una compensación estándar que resulta insuficiente.
Finalmente, externó que reafirmaban su compromiso con el campo guanajuatense y se sumaban al exhorto para que las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno adopten una visión integral y prospectiva sobre la materia, generen políticas públicas idóneas y suficientes que permitan respaldar el sector agrícola en la entidad.
En su oportunidad, el congresista Roberto Carlos Terán Ramos externó que las contingencias agroclimáticas han dejado de ser eventos aislados para convertirse en una constante que golpea con severidad la estabilidad de las familias guanajuatenses, junto a que fenómenos como sequías, heladas e inundaciones ponen en riesgo el sustento de quienes alimentan al país, por lo que calificó como urgente la implementación de mecanismos reales que superen las respuestas insuficientes de la Federación.
Agregó que el Seguro Agrícola Catastrófico de la Federación debe ser más justo, más proporcional y sensible a la realidad del campo mexicano, aunado a que desde la Secretaría del Campo de Guanajuato en 2025 destinó más de 102 millones de pesos para la protección de productores en los 46 municipios del estado.
El diputado hizo énfasis en realizar un llamado a garantizar condiciones mínimas de resistencia para el sector primario, asegurando que los productores no solicitan privilegios, sino la capacidad institucional de responder ante la emergencia.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.