
Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local exhorto a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que, en el marco del programa nacional y estatal en materia de seguridad pública, y de las acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley general para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios y, en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, emitan o actualicen, en su caso, los instrumentos y programas municipales en materia de seguridad pública y de la prevención social de la violencia.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez habló a favor de la propuesta. Indicó que este dictamen era una muestra tangible de lo que se puede lograr cuando se trabaja en beneficio de la población.
Agregó que en el Congreso del Estado se avalan diversas leyes que obligan a los municipios a realizar distintas acciones, pero muchas veces no se materializan ni hay consecuencias para los ediles que no cumplen, por lo que se convierten en letra muerta.
Externó que no se trata de hacerle caso al Congreso sino de rendirle cuentas a las personas a quienes gobiernan y decirles cómo van a resolver los problemas que enfrentan. Agradeció a sus homólogos por el trabajo en conjunto para buscar respuestas puntuales a lo que demanda la sociedad.
En su intervención, el legislador Ernesto Millán Soberanes manifestó que el dictamen puesto a discusión es un reflejo de la preocupación en la que se coincide sobre las medidas y acciones que se deben de tomar para regresar la seguridad a la entidad y a los municipios.
Agregó que particularmente en Silao, los homicidios dolosos han aumentado un 35% y que el homicidio con arma de fuego ha aumentado un 23%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo que permiten ver la realidad de lo que ocurre en el mencionado municipio.
Finalmente, el legislador comentó que no existe evidencia de que Silao cuente con el programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, junto a que no se tiene un titular en el área, por lo que es de gran importancia exhortar a los municipios a cumplir con dicha obligación.
En su participación, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero externó que el punto que unió la propuesta fue que los 46 Ayuntamientos emitieran o actualizaran, en su caso, los instrumentos y programas municipales en materia de seguridad pública y de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Después de detallar el motivo que generó una de las propuestas legales presentadas por su grupo parlamentario, subrayó que el dictamen no implica cargas novedosas o fuera de contexto ordinario del quehacer de la administración pública municipal, únicamente exhorta a cada municipio hacer lo que la ley ya les exige, lo que es su deber para los ciudadanos, pero que no han hecho: publicar y actualizar sus instrumentos de planeación en seguridad y prevención, coordinarse con el Estado y la Federación y rendir cuentas de ello.
Lo anterior, dijo, para que cada elemento que integra las fuerzas municipales de seguridad pública sepa qué hacer, cómo hacerlo.