Irapuato.- A un mes de la desaparición del buscador irapuatense, José Francisco Arias Mendoza, la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato exigió a las autoridades estatales agilizar su búsqueda y dar resultados concretos.
La organización denunció que ha existido obstrucción por parte de la Fiscalía estatal y falta de diligencia en las investigaciones.
José Francisco, conocido como “Panchito”, desapareció el 9 de junio en Irapuato, el mismo día en que su hijo Jaime, de 27 años, fue asesinado en la colonia La Perdida en Irapuato.
Ambos formaban parte del colectivo “Hasta Encontrarte”, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado.
Con su desaparición, Panchito se convirtió en la quinta persona buscadora desaparecida en Guanajuato, sumándose a los casos de Martha Leticia Gallardo Martínez (2018), Lorenza Cano Flores (2024), Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres (2024).
La Plataforma lamentó que el día 8 de julio, fecha en que Panchito habría cumplido 54 años, su paradero siga siendo desconocido y que las autoridades no hayan mostrado avances reales en su localización.
La organización denunció además que el Gobierno del Estado ha dificultado la búsqueda, particularmente la Fiscalía General encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, que intentó negar a la familia el acceso a la carpeta de investigación.
Dicha negativa fue impugnada ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal, que rechazó la queja de la Fiscalía por considerarla infundada, ordenando entregar una copia del expediente tanto al Juzgado X de Distrito como a la familia.
Según el comunicado, la carpeta fue entregada hasta el 20 de junio, es decir, casi dos semanas después de la desaparición, en desacato a la Acción Urgente 2063/2025 emitida por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.
Ante estos hechos, la familia, el colectivo “Hasta Encontrarte” y la Plataforma por la Paz y la Justicia exigieron al Estado mexicano, incluida la Fiscalía General, actuar con debida diligencia, implementar un plan integral de búsqueda e investigación, otorgar medidas cautelares de protección a los familiares y garantizar su derecho de acceso a la información.