Guanajuato, Gto. – El Congreso del Estado de Guanajuato exhorta a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que cumplan con la obligación de proporcionar a sus derechohabientes, que así lo requieran la prestación del servicio de hemodiálisis, y al amparo del Decreto por el que se desincorporan por fusión el Centro y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad con el IMSS-BIENESTAR, adopten las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis para todas las personas que así lo requieran y no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE; asimismo, a la Secretaria de salud del gobierno del estado para los mismos efectos.
Como autor del dictamen, el diputado Antonio Chaurand Sorzano comentó que era inadmisible ética y humanamente que en la entidad una persona tenga que empeñar su patrimonio llegando a pagar desde 50 mil hasta 100 mil pesos para promover un juicio de amparo para recibir un tratamiento de hemodiálisis.
Indicó que los pacientes con insuficiencia renal no deberían tener que librar una batalla legal costosa y desgastante, ya que su batalla ya es suficiente con la enfermedad que enfrentan, por lo que su derecho debería materializarse con solo acudir al sistema público de salud.
Argumentó que en solo un año y medio se han promovido 643 juicios de amparo contra la omisión del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato de otorgar el tratamiento de hemodiálisis, luchando contra un sistema que les da la espalda. Recordó que estados como Aguascalientes ofrecen el servicio de hemodiálisis de manera directa, con un presupuesto similar de 45 millones de pesos, y lo hacen sin que un solo juez tenga que ordenarlo.
En su intervención a favor, el legislador Ernesto Millán Soberanes señaló que se hizo habitual que para acceder a los tratamientos de hemodiálisis para atender la insuficiencia renal en sistema de salud estatal, las personas deben de tramitar un juicio de amparo para que el ISSAPEG cumpla con su obligación o solicitar a la casa ciudadana del Gobierno del Estado un apoyo económico de forma temporal para el pago de dicho servicio.
Añadió que existen dudas de por qué no se otorga el servicio de hemodiálisis desde un inicio sin obligar a que las personas acudan a instancias jurisdiccionales, si finalmente el resultado del juicio de amparo les obliga a hacerlo.
Finalmente, mencionó la importancia de no dejar de lado la problemática de la contaminación del agua por arsénico que se vive en Guanajuato, debido a que una de las principales enfermedades que causa dicho elemento es la insuficiencia renal, donde la contaminación cada vez se extiende a más municipios de la entidad.
Por su parte, la diputada Angélica Casillas Martínez apuntó que la protección de la salud debe ser garantizada por las entidades federativas y de manera concurrente con la federación, a través del Sistema Nacional de Salud.
Mencionó que actualmente la población mexicana experimenta serias deficiencias en el acceso a servicios de salud, desde la atención ambulatoria hasta el manejo de padecimientos graves, como la insuficiencia renal.
“El presente dictamen no surge para garantizar la atención universal del derecho a la salud ni para asegurar a todas las personas un acceso efectivo a la protección sanitaria, sino que refleja una profunda insensibilidad, incluso discriminación, al abordar la salud desde una perspectiva que olvida a las personas y opta por ignorar una realidad que existe en todo el país, ya que afiliación a las instituciones de salud federal no ha significado cumplimiento de un derecho”, enfatizó.
Casillas Martínez subrayó que, si bien los sistemas de salud, como el IMSS y el ISSSTE, tienen la obligación de prestar los servicios médicos, hoy se constata que no están cumpliendo con ella. En ese sentido, refirió que más del 30% de afiliados al IMSS no se atiende en esa institución; y en el caso del ISSSTE, la cifra llega a 44%.
Finalmente, la congresista presentó una modificación a la propuesta que ponga en el centro a la persona y que tenga una visión universal de cumplimiento del derecho, la cual quedó de la siguiente manera:
El Congreso del Estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que cumplan con la obligación de proporcionar a sus derechohabientes, que así lo requieran la prestación del servicio de hemodiálisis, y al amparo del Decreto por el que se desincorporan por fusión el Centro y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad con el IMSS-BIENESTAR, adopten las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis para todas las personas que así lo requieran y no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE; asimismo, a la Secretaria de salud del gobierno del estado para los mismos efectos.
Para hablar en contra de la propuesta hicieron uso de la tribuna los diputados Antonio Chaurand Sorzano y Ernesto Millán Soberanes. El primero, comentó que ya hicieron una propuesta para que se unieran al sistema federal de la salud, pero no quisieron hacerlo, por lo que si creen que pueden solos se responsabilicen y hagan lo que les corresponde, como otros estados que no se federalizaron como Aguascalientes y Jalisco.
En alusiones personales, la congresista Angélica Casillas Martínez apuntó que se deben centrar en la persona, por eso se busca ampliar el enfoque en la atención a toda la población, y ejemplificó con notas como que el ISSSTE en Celaya suspendió el servicio de hemodiálisis y dijo que esa era la realidad.
Por su parte, el legislador Ernesto Millán Soberanes recordó que son 643 juicios de amparo y que 72 millones de pesos debe gastar el Estado para darle la atención a los pacientes derivado de los juicios de amparo, donde para Él la parte central es que no se excluya al estado de las responsabilidades que le corresponden y se atienda a los pacientes con problemas de enfermedades renales.
En rectificación de hechos, la legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó que la propuesta debe estar dirigida para que la atención la reciban todas y todos los guanajuatenses.
La propuesta de ajuste presentada por la congresista Angélica Casillas Martínez fue aprobada.
