Guanajuato.. En el más reciente informe denominado “Galería del horror”, elaborado por la organización “Causa en Común”, Guanajuato se posicionó como la segunda entidad del país con más atrocidades registradas en medios de comunicación durante el primer semestre del año; el estado de Sinaloa ocupó el primer lugar.
De enero a junio se documentaron al menos 267 crímenes de extrema violencia en el estado, solo por debajo de Sinaloa, que acumuló 374.
El estudio, que tiene como objetivo visibilizar y clasificar los actos de violencia más crueles cometidos en el país, registró un total de 2 mil 517 atrocidades en ese periodo, lo que representa un promedio de 14 atrocidades y 18 víctimas al día.
Estas cifras dan cuenta de 3 mil 266 víctimas a nivel nacional que fueron objeto de actos de brutalidad como asesinatos con tortura, masacres, mutilaciones, ataques contra autoridades y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.
En todo el país, se contabilizaron al menos 704 casos de asesinatos precedidos de tortura, 260 hechos relacionados con mutilaciones, descuartizamientos o destrucción de cadáveres, y 256 asesinatos de mujeres cometidos con especial violencia.
A esto se suman 226 agresiones contra autoridades y 200 masacres y según el informe, estos datos podrían ser aún mayores, pues muchas atrocidades no son documentadas por la prensa local o nacional.
En el caso de Guanajuato, el estado destacó dentro de este panorama por la frecuencia y brutalidad de los hechos.
“Causa en Común” destacó que la entidad ha sido, desde hace varios años, uno de los epicentros de la violencia en el país, y que este nuevo informe reafirma esa tendencia; le siguen en la lista Guerrero, Michoacán y Puebla, entidades que también enfrentan crisis de seguridad pública y altos niveles de impunidad.
La organización advirtió que estos crímenes no solo muestran una alarmante normalización de la violencia, sino también el debilitamiento institucional frente a fenómenos criminales cada vez más complejos.
Por ello, “Causa en Común” propuso la urgente implementación de un programa nacional de fortalecimiento de policías y fiscalías, el fin de la militarización como estrategia de seguridad pública, y un replanteamiento integral del sistema judicial.
Entre otras recomendaciones, la organización exigió mayor presupuesto y capacidad operativa para las comisiones de atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, así como una participación más activa de la ciudadanía en la exigencia de justicia y resolución de casos que han marcado a sus comunidades.
También llamó a generar alianzas entre sociedad civil, empresas y gobiernos, con el fin de construir propuestas concretas para atender y prevenir la violencia.