Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a los 46 municipios del estado para que, en el ámbito de sus competencias, revisen de manera integral los accesos, andadores, pasos peatonales y rampas para personas con discapacidad, a fin de identificar y corregir aquellos puntos que se encuentren bloqueados, invadidos o inoperantes, y adopten acciones inmediatas que garanticen su liberación y protección permanente mediante señalización adecuada, dispositivos físicos y vigilancia efectiva.
Asimismo, se les convoca a fortalecer los mecanismos de inspección y sanción frente al estacionamiento indebido que obstruya el tránsito peatonal, a incorporar de forma obligatoria la prioridad del peatón y la accesibilidad universal en obras públicas, reordenamientos viales y autorizaciones urbanas.
También a desarrollar campañas de sensibilización que consoliden una cultura de respeto al peatón como eje de la convivencia vial, contribuyendo con ello a restituir la lógica de la pirámide de movilidad, reducir riesgos y asegurar que el espacio público permita desplazamientos seguros, dignos y accesibles para todas las personas.
Al hablar del presente punto, la diputada Ana María Esquivel Arrona enfatizó que cuando un cruce peatonal es invadido, cuando un andador se convierte en extensión informal del estacionamiento o cuando una rampa es obstruida, se obliga al peatón a descender a la superficie de rodamiento vehicular, a modificar trayectorias seguras y a exponerse a flujos de tránsito para los que no está protegido, situación que genera un entorno urbano hostil para quienes se desplazan a pie y normaliza conductas que colocan en riesgo directo la integridad física y la vida de las personas.
En el caso de personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas y niños, o personas con carriolas o ayudas técnicas, dijo Esquivel Arrona, esas obstrucciones pueden traducirse, en los hechos, en la imposibilidad total de desplazarse de manera autónoma, por lo que la falta de accesibilidad se convierte en una barrera que excluye, discrimina y profundiza desigualdades.
La congresista destacó que colocar al peatón en la cúspide no es una decisión simbólica, sino el reconocimiento de que se trata del usuario más vulnerable del sistema de movilidad y, al mismo tiempo, del más universal.
Cuando se presentan situaciones que invaden el espacio peatonal, se invierte esa jerarquía y se transmite el mensaje de que la comodidad del vehículo está por encima de la seguridad y dignidad de las personas, puntualizó.
Finalmente, sostuvo la legisladora que la omisión en la vigilancia y liberación del espacio peatonal no solo es una falla de gestión urbana, sino una falta al deber de garantía que corresponde a las autoridades municipales, por lo que la ausencia de supervisión, la aplicación discrecional de sanciones o la tolerancia sistemática a estas conductas, generan una percepción de impunidad que incentiva la ocupación indebida del espacio peatonal y debilita la confianza ciudadana en la autoridad.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.