Guanajuato, Gto. – Con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de vida en el medio rural y asegurar un desarrollo agrícola sostenible, con especial atención a los pequeños productores de Guanajuato, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar del Estado de Guanajuato.
Al presentar la propuesta, la diputada María del Pilar Gómez Enríquez comentó que se plantea una actualización integral del marco jurídico para reconocer el papel estratégico de la agricultura familiar como base de la producción de alimentos, el empleo rural y la cohesión social, particularmente en comunidades con altos niveles de marginación.
Refirió que la agricultura familiar continúa enfrentando desafíos históricos que limitan su capacidad para aprovechar los ciclos favorables, y que para que la mejora económica se traduzca en bienestar tangible, resulta indispensable garantizar a los pequeños productores acceso efectivo a mercados, infraestructura básica, instrumentos financieros adecuados y políticas públicas que reconozcan plenamente su papel social, económico y ambiental.
Gómez Enríquez manifestó que se propone la incorporación de programas de educación agrícola sostenible en escuelas ubicadas en localidades rurales, en coordinación con instituciones educativas, centros de investigación y organizaciones del sector rural. Esos programas estarán orientados a promover prácticas agroambientales sustentables, el manejo responsable del agua y del suelo, la conservación de la biodiversidad y la transmisión de saberes comunitarios.
La congresista indicó que se busca incorporar un nuevo capítulo sobre Fomento a la Agricultura Sostenible, mediante el cual se establece la obligación de promover sistemas productivos resilientes y económicamente viables. Para ello, se prevén instrumentos de reconversión productiva, esquemas de financiamiento accesible, programas de capacitación y apoyos para la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental.
Agregó que esas acciones buscan enfrentar desafíos como el estrés hídrico, la baja productividad y la vulnerabilidad climática, y, al mismo tiempo, garantizar la conservación de los recursos naturales.
Gómez Enríquez argumentó que se reconoce que las unidades de producción familiar representan una parte significativa del sector agropecuario del estado y enfrentan altos niveles de pobreza e ingresos limitados. Por ello, dijo, que las políticas públicas deberán priorizar a las personas productoras en situación de vulnerabilidad y promover de manera transversal la inclusión y el empoderamiento de la mujer rural, fortaleciendo su participación en los procesos de toma de decisiones.
Añadió que también se refuerza el papel del Consejo Ciudadano de Fomento a la Agricultura Familiar, otorgándole facultades para dar seguimiento y emitir recomendaciones que permitan mejorar la implementación de la ley.
Finalmente, resaltó que la iniciativa pretende preservar la vocación del trabajo en el campo, asegurando que las nuevas generaciones encuentren en la agricultura una opción de vida digna, lo que implica incorporar mejores técnicas productivas, innovación tecnológica y condiciones que permitan elevar la calidad de vida de las familias rurales.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario para su estudio y dictamen.
